El Gobierno de Canarias está esperando a que en septiembre se reúna el Consejo Superior de Inmigración para exigir, con el apoyo del Estado, el reparto de doscientos cincuenta menores entre las Comunidades Autónomas de la Nación, atendiendo a un principio de solidaridad, ya que todas las Comunidades Autónomas reciben subvenciones para la acogida y la integración de inmigrantes”. En estos momentos, según expuso ayer el presidente del Gobierno, Canarias acoge a 522 menores.
Así lo explicó la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Marisa Zamora, que en declaraciones a ACN Press en la isla de La Gomera, donde pasa sus vacaciones en el municipio de Valle Gran Rey, explicó que Canarias asumirá la custodia de 250 menores inmigrantes, que se repartirán entre todas las islas y de los cuales 20 corresponderían a La Gomera, y que el resto será repartido entre las Comunidades Autónomas de España.
Zamora aseguró que el Gobierno de Canarias no puede crear recursos de acogida de forma ilimitada, por lo que ha sido la Federación de Cabildos insulares (FECAI), la que ha acordado un cupo de 250 menores extranjeros no acompañados para toda Canarias. El Gobierno, en estos momentos, está asumiendo a través de los centros de emergencia, uno en Garachico, otro en Tegueste y otro en Agüimes, la custodia de los menores que sobrepasan las posibilidades de los Cabildos.
La Consejera de Asuntos Sociales recuerda que desde el año 97, los Cabildos tienen la guardia y custodia de los menores en desamparo y que además se les ha transferido toda la red de centros de menores. “Todos los Cabildos reciben subvenciones anuales para la atención de los menores en desamparo y de los extranjeros no acompañados, este año el presupuesto previsto es de seis millones de euros. Así pues, el Gobierno de Canarias nunca ha dejado solos a los Cabildos, “mantiene Zamora.
La consejera realizó un repaso a la situación de los centros de retención de inmigrantes y manifestó que el centro de Hoya Fría está funcionando muy bien, pero que el de Las Raíces, conformado como un campamento, tendrá que desaparecer cuando comience el frío y la lluvia. Zamora se lamentó de que a pesar del esfuerzo que está realizando el Gobierno de Canarias para atender a los inmigrantes que arriban a nuestras costas, el Ministerio de Defensa se haya negado a cederle el cuartel de San Sebastián de La Gomera, que está prácticamente desocupado.
La consejera, en una reflexión global sobre la inmigración, afirmó que los flujos migratorios no pararán hasta que Europa invierta en el desarrollo de los países pobres y controle las fronteras en origen. “Cuando ya están aquí nos encontramos con el problema de que la gran mayoría de los inmigrantes no es repatriada”, apunta. Y recordó que La Unión Europea, a través de Frontex, prometió servicios de vigilancia en los países de origen que llegan con menos medios de los prometidos inicialmente.
“Y el mar se está convirtiendo en un “cementerio azul, ya que son pocos los que saben nadar”, apostilló. Y afirmó, de forma decidida, que hay que disuadirlos para que no se embarquen en los cayucos, que tienen que saber que cuando llegan aquí pasan a un centro de retención; aunque es consciente de que mientras exista un mundo de bienestar a la vista de los países pobres, donde hay miseria y guerras, la población seguirá emigrando, “por muchas fronteras que pongamos”.
Zamora comentó que los menores inmigrantes llegan a Canarias con la intención de trabajar y que al no poder mandar dinero a sus familias terminan frustrándose. “Son chicos disciplinados que tratan de ayudar a sus familias, los tratamos lo mejor posible, pero la solución pasa porque el Estado intervenga y nos ayude”. “En muchos casos conocemos la dirección familiar y el nombre de los padres de los chicos, porque los menores hablan diariamente con sus padres, el Estado debe intervenir”, añade.
La consejera afirmó además que Canarias no puede crecer a un ritmo anual de 50.500 personas cuando lo normal crecer a un ritmo anual de 6.500. “Todos tienen expectativas laborales y no somos capaces de absorber toda esa mano de obra, los flujos migratorios tienen que regularse y es el Estado quien tiene las competencias sobre el control de fronteras y extranjería.”
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