Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en tres operaciones distintas a cinco extranjeros, en concreto tres ecuatorianos y dos peruanos, acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Están acusados de falsificación documental, estafa y favorecer la inmigración ilegal. Uno de ellos se hacía pasar por gerente de una importante empresa de seguridad y otro fingía ser abogado y funcionario en un consulado.
Según la Policía, el objetivo de todas ellos era conseguir dinero fácil de sus compatriotas, a los que de una forma y otra prometían un empleo. En uno de los casos, el juez ha decretado ya prisión provisional, por lo que dos de los acusados fueron internados en la cárcel de Soto del Real.
La operación ‘Securitas’ fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación (BPED) del Grupo V y finalizó con el arresto de Letty Yasmine R.A., de 29 años, y Carlos Wilson O.C., de 36, ambos de origen ecuatoriano. La mujer se hacía pasar por gerente general de una importante empresa de seguridad española y aseguraba actuar en su nombre al firmar los contratos de trabajo falsos, mientras que el marido colaboraba con ella en la búsqueda de potenciales víctimas.
Según las investigaciones, los detenidos desarrollaban su actividad delictiva desde 2004 cuando captaron a los primeros compatriotas. Los afectados eran aquellos que estaban ya en España y querían conseguir un permiso de trabajo y residencia, así como aquellos que estaban todavía en su país de origen pero querían venir a nuestro país a trabajar; en éste último caso, los detenidos establecían contacto a través de los familiares de los aspirantes.
El precio para cada inmigrante por el supuesto permiso de trabajo y residencia oscilaba entre 2.500 y 3.500 euros, aunque las víctimas daban a cuenta 2.000 cuando firmaban el falso contrato con los estafadores quienes también les pedían distintos documentos personales y fotografías para hacerlos más creíbles. A cambio, recibían un justificante también falso de que éstos habían presentado la solicitud ante la administración.
En el registro de la vivienda de los detenidos, los agentes han incautado un sello todavía húmedo con el anagrama de la empresa a la que decían representar y un fechador, así como documentos falsificados en distintas fases de elaboración y otros relacionados con las falsificaciones y equipo y material informático para realizar las alteraciones documentales. Para dar mayor credibilidad a los documentos a veces incluían el anagrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Empleo. También hallaron numerosos justificantes de envío de dinero al extranjero e ingresos en cuentas.
Los policías estiman que los detenidos realizaron unos 20 contratos falsos al año a un precio de 2.500 hasta 3.500 euros. Por todos estos motivos, el juez ha decretado prisión provisional para los dos detenidos que han ingresado en la prisión de Soto del Real. Aunque las investigaciones continúan y no se descartan nuevos arrestos de personas relacionadas con el caso.
El Grupo VIII de la BPED ha detenido y puesto a disposición judicial a dos ciudadanos peruanos: Orlando S.M.,de 27 años, y Fanny Milagros P.V., de 41, acusados de estafa y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los acusados ofrecían a compatriotas la tramitación de las solicitudes de trabajo y residencia a cambio de 1.000 euros e incluso aludían a ‘contactos en la Administración’ como motivo para lograr las concesiones.
La investigación se inició el pasado junio, tras la denuncia de una ciudadana peruana que denunció haber entregado 2.000 euros a un compatriota para que le tramitara esos permisos para ella y su hermano que estaba todavía en Perú. Los agentes averiguaron que los sospechosos habían presentado varias de estas solicitudes que sustentaban en ofertas para el servicio doméstico. Sin embargo, aparecían como empleadores miembros de sus familias y amigos lo que motivó el resultado negativo, pues no cumplían uno de los requisitos exigidos de la falta de solvencia económica de los empleadores.
Por último, agentes de la comisaría de Arganzuela han detenido a un ciudadano ecuatoriano, Edgar Patricio M.P., de 41 años, acusado de estafa, falsificación de documentos e intrusismo profesional. Se hacía pasar por abogado y funcionario del consulado de Ecuador en Madrid y se ofrecía a sus compatriotas para tramitarles todo tipo de gestiones que permitieran su regularización por cualquiera de las opciones legales, como reagrupación familiar o con contrato de trabajo.
La investigación policial llevada a cabo por agentes de la comisaría de Arganzuela ha demostrado que no llegó a hacer gestión alguna aunque sí cobró hasta 5.000 euros en total a varios ecuatorianos.
El registro de su vivienda ha permitido la incautación de 25 certificados médicos para obtener o renovar el permiso de conducir, fotocopias de pasaportes, tres nóminas, un contrato de trabajo y otros documentos, todos de ciudadanos ecuatorianos por lo que el detenido ha pasado a disposición judicial.
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