La Conselleria de Economía y Hacienda se comprometió ayer con los sindicatos UGT y CC OO a aplicar medidas para conciliar la vida laboral y familiar de todos los empleados públicos de la Administración de la Generalitat, es decir, de unos 120.000 trabajadores. La oferta parece firme, ya que el departamento que dirige Gerardo Camps ha instado a los sindicatos a concretar las mejoras antes del próximo 15 de octubre para que sean incluidas en los presupuestos de 2007. Según los primeros cálculos, las medidas, que incluyen ampliación de las bajas de maternidad y permisos de paternidad, costarán a las arcas autonómicas unos 12 millones de euros.
El compromiso se adquirió ayer en la reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan Valenciano para el Crecimiento y el Empleo (Pavace) convocada por Hacienda la semana pasada. La conselleria llamó a los sindicatos después de haber impedido que estos firmaran con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas el decreto con medidas de conciliación para los empleados públicos del ámbito de la Generalitat. Hacienda no entregó el informe preceptivo y bloqueó el acuerdo. Sorprendentemente, horas después se puenteaba a la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que dirige el zaplanista Miguel Peralta, y se anunciaba la mesa del Pavace para negociar las mismas medidas.
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