La Guardia Civil de Málaga ha detenido a cinco personas, tres de ellas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y las otras dos por, supuestamente, ir contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, tráfico ilegal de mano de obra y falsedad documental.
En la actuación, enmarcada en la segunda fase de una operación que permanece abierta, detuvieron en una obra de Manilva a 11 personas. Los cinco detenidos son dos encargados de la construcción, un administrativo y dos gerentes de la empresa implicada. En el transcurso de la intervención, en colaboración con la Inspección de Trabajo, los agentes detectaron una empresa subcontratada, radicada en Portugal, con más de 30 empleados, la mayor parte brasileños.
Según los gerentes, los trabajadores se encontraban en España, en virtud de la Ley 45/99 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación transnacional. Esta ley española, basada en normativa de la Unión Europea, tiene como fin regular el desplazamiento de una empresa comunitaria con sus propios trabajadores en el marco de una prestación de servicios a un Estado de la UE distinto y debiéndose prestar los servicios por tiempo limitado.
De la investigación se desprende que a los trabajadores –brasileños, portugueses y angoleños– no se les aplicaba la legislación española ni portuguesa en materia laboral, social y tributaria, señalan fuentes de la Guardia Civil.
Según el Instituto Armado tampoco se cumplía lo establecido en el convenio colectivo de la construcción, ya que la mayor parte de ellos realizó el desplazamiento por su cuenta; no poseía copia de su contrato de trabajo, con lo que desconocía sus condiciones laborales; se le realizaba descuentos por el alojamiento y una de las comidas era a su cargo. El sueldo era inferior al salario mínimo interprofesional en España, mientras que según el Instituto Armado, la empresa recibía hasta tres veces más de lo que finalmente conseguía el operario.
Los trabajadores percibían entre 5 y 7,5 euros por hora en jornada laboral, y superaban el horario establecido. También carecían de cualquier formación por parte de la empresa en materia de seguridad, suponiendo un grave peligro para ellos y para los demás trabajadores.
Según la Guardia Civil, esta situación establecía una competencia desleal respecto a las empresas que operan en el mismo sector y discriminaba a los trabajadores dentro de la construcción.
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