Un estudio ha revelado que al menos 1.000 funcionarios de prisiones son corruptos y que más de 500 mantienen «relaciones inadecuadas» con los reclusos. El informe, elaborado por la Policía Metropolitana de Londres y por la Unidad anticorrupción del servicio de prisiones, destaca que los funcionarios trafican con drogas y teléfonos dentro de las cárceles.
Aunque el documento constata que la mayoría del personal es honesto, descubre que también existen trabajadores que comercian con dinero en efectivo en el interior de las prisiones menos seguras. Los dirigentes de la unidad anticorrupción expresan que el problema está creciendo y que no se está abordando con eficacia.
El Servicio Penitenciario ha aseverado que el informe exagera el asunto de la corrupción. Su director, Phil Wheatley ha señalado que, a pesar de que el estudio sólo implica a una pequeña minoría de los trabajadores, era importante acabar con la corruptela.
Wheatley sostuvo que «siempre ha existido un problema de corrupción con los funcionarios y soy consciente de ello desde mi primer día en este trabajo». «Es un contratiempo característico del servicio y tenemos que mantenernos alerta para acabar con él», afirmó en declaraciones a la BBC.
El editor de la guía anual del sistema penal en Gales e Inglaterra, Mark Leech, indicó que «este informe delata que los casos de corrupción aislados no son más que la punta del enorme iceberg de problemas que asolan al Servicio Penitenciario a nivel estatal» y añadió que «aunque sean casos aislados, la corrupción supone una fuente de estupor para el sistema en su conjunto».
El documento, cuya elaboración comenzó el pasado otoño y terminó durante la última primavera, sugiere que los funcionarios corruptos actúan ilegalmente en su beneficio personal y cita varios testimonios de los jefes de personal del Servicio Penitenciario. Uno de ellos alega que ve demasiados móviles dentro de las cárceles, para quienes deberían estar incomunicados.
El secretario general de la Asociación de Funcionarios de Prisiones, Brian Caton, observa que los culpables de esta situación son los inadecuados procedimientos de selección y los bajos salarios.
La corrupción, tal y como la plantea el informe, se centra en cárceles locales y, actualmente, 45.000 funcionarios de prisiones trabajan en Inglaterra y Gales.
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