Tan sólo un 4,53 por ciento de las personas discapacitadas que ingresan en la Administración General del Estado accede a la escala más alta, según un informe sobre el acceso de este colectivo al empleo público realizado por el Ministerio de Administraciones Públicas.
El informe, presentado ayer por el departamento de Jordi Sevilla en la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, repasa la evolución de las ofertas de empleo público de los últimos años, en los que ‘ha aumentado de manera considerable’ el número de personas aprobadas, en concreto, de 46 a 125 en turno libre y de 34 a 76 en promoción interna.
El documento concluye que las personas con discapacidad ‘acuden con garantías al empleo público y se integran sin ninguna discriminación en el empleo. No obstante, el número de personas que ingresan en la Administración ‘está desigualmente repartido’.
Así, el grupo D (el de menor rango) es el que cuenta con el mayor porcentaje de personas discapacitadas, con el 84,53 por ciento de los aprobados entre los años 2003 y 2004. Por el contrario, el porcentaje de discapacitados aprobados en el grupo A se reduce al 4,53. Además, los discapacitados se concentran en un ‘número pequeño de cuerpos’ (19).
Más allá de esta cuestión, el informe destaca que en los últimos años el número de plazas reservadas a personas discapacitadas ha ido aumentando de manera progresiva. Por otra parte, el porcentaje de discapacitados en los procesos de ingreso libre (3,46 por ciento) es superior al de los procesos de promoción interna (1,7).
Según el informe, en lo últimos tres años, el número de aprobados en la Administración fue de 424, de los cuales 265 correspondieron a las pruebas de turno libre y 159 a las de promoción interna. En lo que se refiere a 2005, aprobaron 124 personas en turno libre y 76 en promoción interna, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 76,61 por ciento y del 64,47 respectivamente.
El informe también señala que el Ministerio de Administraciones Públicas se sitúa a la cabeza tanto en el cupo de reserva, que supera el mínimo del 5 por ciento legalmente establecido, como en cobertura efectiva de puestos. El porcentaje de aprobados en este ministerio durante los últimos tres años fue del 95,6, del 95,7 y del 89,5, respectivamente.
El secretario general del Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), Luis Cayo, afirmó ayer que los datos sobre el acceso de discapacitados a la Administración ‘indican una tendencia positiva, aunque todavía modesta’.
A su juicio, la aprobación en 2004 de un nuevo decreto regulador del acceso al empleo público, acordado con el CERMI, ha tenido estos efectos favorables, si bien considera la necesidad de ‘insistir en esta vía, pues durante muchos años, a pesar de las leyes, el sector público no ha sido eficaz en la contratación de empleados con discapacidad’.
‘El sector público no va a generar empleo masivo para personas con discapacidad, porque tampoco está en términos absolutos creciendo tanto, pero tiene un valor de ejemplo que hay que estimular’, destacó este responsable del CERMI.
Además, recuerda que se trata de un mandato legal, a lo que se añade ‘el factor de visibilidad’, es decir, ver a gentes con todo tipo de discapacidades empleados en la Administración, con el fin de favorecer la normalización de este colectivo.
Por otra parte, Cayo entiende que queda la asignatura pendiente de las personas con discapacidad intelectual y reclama a la Administración que busque ‘formas eficaces que les permita acceder al empleo público’. ‘Hay que ser creativo para buscar y dar con esas vías. Los conveníos entre administraciones y ONG pueden ayudar’, concluyó.
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