En la reunión celebrada entre la Comisión y la Unión de Profesionales estuvieron como principales protagonistas los honorarios. La UP defendió que los servicios profesionales no pueden dejarse a merced de las leyes de la oferta y la demanda, «sin que ello suponga ceder en el impulso decidido de mejorar la competitividad y la productividad a través de la cualificación y la innovación».
Los funcionarios de la Comisión Europea se mostraron partidarios de un mínimo de regulación, siempre y cuando no se conculque la libre competencia. Además apuntaron la posibilidad de «encontrar un sistema de regulación sustitutorio» destinado a tal fin. La Unión de Profesionales ha pedido a la Comisión que defina este sistema y que, en tal caso, analice el posicionamiento de las profesiones colegiadas.
El colectivo profesional también considera que la DG de la Competencia «confunde precios con honorarios profesionales, al no aceptar que existan orientaciones de honorario y hable en términos de negociación profesional-cliente de los mal llamados precios». Además defiende «unos baremos orientativos en cuanto permiten una mejor información al cliente».
La UP ha facilitado un estudio económico sobre el impacto de la economía española de las profesiones colegiadas con el objetivo de que la Comisión conozca la complejidad el sector. La DG de Competencia ha delegado las funciones de aplicación del derecho de la competencia a las autoridades nacionales de los Estados miembros. Además ha advertido la existencia de un plazo de seis meses para que los colegios profesionales analicen en qué medida su regulación cumple la normativa de la competencia. A partir de éste se hará un nuevo análisis del proceso de adaptación y se actuará en consecuencia.
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