La Comisión de Sanidad y Empleo de la Xunta de Galicia aprobó ayer una proposición no de ley, a instancias del grupo del BNG, que le permitirá intervenir en el caso de una trabajadora del ayuntamiento pontevedrés de Dozón, ante el evidente acoso que sufre por parte del alcalde (PP) desde hace siete años. La trabajadora cuenta con 33 sentencias judiciales que le dan la razón en sus demandas, 20 de las cuales incluyen el reconocimiento judicial de que en el origen del acoso sufrido está la decisión de la empleada de concurrir a las elecciones como candidata del BNG.
En la proposición, apoyada por los grupos socialista y nacionalista, se insta al Gobierno autónomo a ‘adoptar cuantas medidas estén a su alcance para concluir, de forma inmediata, con el asedio moral de que es objeto la trabajadora por parte del alcalde de Dozón y militante del PP’. Se invita también a la Xunta a personarse como acusación particular en los procesos aún en curso.
Según expuso el diputado nacionalista Fernando Blanco, el acoso comenzó en 1999 y, a pesar de las sucesivas sentencias condenatorias de tipo contencioso-administrativo, penal y social, el alcalde ‘sigue recluyendo a la trabajadora, actualmente de baja, en un espacio de dos metros cuadrados, en un sótano sin luz natural, sin calefacción en invierno, sin ordenador, sin asignarle trabajo alguno y con la orden expresa a los demás empleados del Ayuntamiento de no dirigirse a ella’.
El ponente subrayó también que tanto la Xunta de Fraga como el PP prefirieron siempre ‘mirar para otro lado’ y mantuvieron al condenado como alcalde y candidato del PP.
La Comisión rechazó, con los mismos votos, una enmienda del PP que pretendía una resolución que incluía una referencia genérica a cualquier trabajador en el ámbito de la Administración en toda Galicia.
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