La integración laboral de las personas sordas será el siguiente reto principal de este colectivo, que en España agrupa a cerca de un millón de personas, después de que el Parlamento apruebe la ley de reconocimiento oficial de la lengua de signos, previsiblemente antes de que acabe este año, .
Así lo señaló en una rueda de prensa en León el presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Luis Cañón, quien asistió, junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, a la inauguración del IV Congreso Nacional de esta asociación, celebrado en León.
Cañón lamentó que, actualmente, las escasas facilidades de acceso al mercado laboral constituye uno de los grandes ‘obstáculos’ para la plena integración social de las personas sordas, ya que la imposibilidad de recibir una formación adecuada en lengua de signos ha derivado históricamente en una menor preparación formativa.
‘Es una situación fruto de una educación insuficiente, que no nos ha preparado para acceder al mercado laboral y que no permite que los sordos consigamos titulaciones de alto nivel’, denunció el presidente de la Confederación, quien confío en que el inminente reconocimiento de la lengua de signos modifique este escenario.
Indicó que esta última circunstancia constituye una ‘ambición histórica’ cuyo cumplimiento ‘marcará un antes y un después’ para la comunidad sorda y los usuarios de la lengua de signos, tanto española como catalana, con unos cuatrocientos mil usuarios en el conjunto del país.
Según los datos oficiales, facilitados por la Confederación, de esta cifra, en torno a doscientos mil son personas con sordera, mientras que la otra mitad engloba a ciudadanos oyentes, pero que, por razones familiares o afectivas, han aprendido dicha lengua.
‘Hasta hace poco, cualquier sordo se veía en una situación de desigualdad en un proceso judicial, donde no podía contar con la ayuda de un intérprete de la lengua de signos’, expuso Cañón a modo de ejemplo para denunciar la falta de derechos sociales que, durante años, ha sufrido la comunidad sorda.
Con respecto a la Ley, el presidente del colectivo de sordos añadió que ‘no debe jugarse políticamente’ con la misma, ya que, ‘si algún Gobierno o grupo político asume esta demanda, nos parece estupendo, pero tiene que quedar constancia de que se trata de un mérito de la comunidad sorda tras 70 años de reivindicación’.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, encuadró el impulso de esta legislación en la actitud de ‘compromiso’ del Gobierno que presidente José Luis Rodríguez Zapatero para con los discapacitados.
‘Las administraciones educativas enseñarán y formarán en lengua de signos, pero también sus profesionales verán reconocida su labor en todos los ámbitos, incluidas las Administraciones Públicas’, subrayó Valcarce en declaraciones a los periodistas.
Calificó de ‘medida histórica’ la aprobación de la ley de reconocimiento, actualmente en fase parlamentaria tras recibir el visto bueno por parte del Consejo de Ministros el pasado mes de enero.
Acerca de su proceso de redacción, la secretaria de Estado hizo hincapié en resaltar el ‘gran consenso’ del que goza esta nueva legislación, lo que atribuyó al empeño del Gobierno por diseñarla en colaboración con la Confederación Nacional de Sordos y con el Consejo Nacional de la Discapacidad.
Más de cuatrocientos delegados de toda España participarán hasta mañana en el IV Congreso Nacional de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que se desarrolla en el Auditorio ‘Ciudad de León’ bajo el lema ‘Setenta años abriendo caminos’, en referencia a las siete décadas de actividad de esta agrupación de asociaciones.
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