Gobierno, patronal y sindicatos cerraron anoche la reforma de la Seguridad Social tras mantener una reunión de varias horas en la que ultimaron los últimos flecos, principalmente dirigidos a concretar la integración entre los distintos regímenes, del acuerdo que podría firmarse en la segunda semana de junio.
El acuerdo deberá ser ratificado ahora por los órganos de dirección de los agentes sociales. Así, UGT celebrará próximamente su Consejo Confederal mientras que CCOO convocará a su Comisión Ejecutiva.
La reforma de la Seguridad Social exigirá 15 años efectivos (5.475 días) para poder acceder a la pensión de jubilación. Esto impedirá que, como sucede ahora, haya trabajadores que habiendo cotizado 12,8 años (ó 4.700 días) puedan cobrar pensión, una situación en la que se encuentran actualmente tres de cada cien trabajadores, según fuentes de la negociación.
Se trata especialmente de autónomos, trabajadores agrarios y empleados del hogar, colectivos a los que les es más difícil reunir amplios periodos de cotización. Pero también ocurre en el Régimen General, donde algo más del 1% de los trabajadores no llega a los 15 años cotizados.
La ampliación del periodo de cotización y la modificación de la jubilación parcial son las dos principales medidas de ahorro para la Seguridad Social que contempla la reforma de pensiones.
La jubilación parcial ha sido uno de los principales caballos de batalla de estas negociaciones. Esta figura se utiliza en muchas ocasiones como una jubilación anticipada «enmascarada», con la ventaja de que no lleva aparejada la aplicación de coeficientes reductores, como sí ocurre en el caso de la jubilación anticipada.
Los gastos de la jubilación parcial son muy altos para la Seguridad Social. Su crecimiento se ha disparado a tasas que han llegado a alcanzar el 45% por año, y las previsiones aún elevan más su ritmo de incremento. Por ello, el Ministerio de Trabajo se sentó a la mesa de negociación con el firme objetivo de cerrar el grifo y frenar este crecimiento desmesurado de la jubilación parcial. Con este fin, la reforma endurecerá los actuales requisitos de acceso a la misma, aunque de manera gradual.
Así, frente a los 60 años actuales, los trabajadores que quieran jubilarse parcialmente tendrán que tener 61 años, seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización, si bien todo eso se exigirá tras varios años de aplicación de la reforma.
Sin embargo, en los convenios colectivos y acuerdos de empresa que tengan regulada la jubilación parcial se mantendrán los requisitos actuales hasta que finalice la vigencia de los mismos, o al menos, hasta 2010, según las fuentes consultadas.
La reforma también permitirá el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho e incrementará los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de los 65 años legalmente establecidos. Además, se adoptarán medidas para mejorar las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2002 por trabajadores con 60 o más años que, acreditando 35 o más años de cotización, accedieron a la jubilación anticipada tras un despido.
Para los empresarios, una de las medidas más beneficiosas es que, con la reforma, se abaratarán sus gastos por mantener en la empresa a trabajadores, que con cinco años de antigüedad, tuvieran 59 años de edad. En concreto, en estos casos, la Seguridad Social financiará el 40% de las cotizaciones.
Hasta ahora Trabajo sólo financiaba parte de las cotizaciones para aquellos trabajadores que, llevando al menos cinco años en la empresa, tuvieran entre 60 y 64 años (con 60 años, la Seguridad Social pagaba el 50% de las cotizaciones y con 64 años, el 90%, entre medias los porcentajes son proporcionales).
Con la reforma, esto se amplía, añadiendo la franja de 59 años e incluso abriendo la puerta a que, en función de las cuentas del sistema, esta escala pueda iniciarse en los 55 años.
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