El Gobierno y los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF alcanzaron hoy un preacuerdo global sobre el Estatuto del Empleado Público que contempla ligar la retribución al desempeño, y acabar con la temporalidad de los empleados públicos.
Así lo anunció hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras analizar con los sindicatos el último borrador de este Estatuto. «Esta
normativa va a regular el trabajo de 2,5 millones de empleados públicos», afirmó.
Sevilla explicó que los compromisos del Gobierno contemplan enviar este Estatuto a las Cortes antes del mes de julio, lo que «daría un plazo para que a principios de 2007 la normativa pudiera entrar en vigor».
Indicó que este proceso de negociación «comenzó hace dos años con el Libro Blanco y hoy se ha culminado este acuerdo general que las respectivas federaciones tendrán que llevar a ratificación». Además, señaló que el Estatuto recoge «por primera vez condiciones laborales homogéneas para todos los empleados públicos, siendo siempre respetuoso con las competencias de cada comunidad autónoma».
Sevilla resaltó que el reglamento contiene así un conjunto de condiciones para modernizar la función pública en España, «ponerla a la altura del siglo XXI y al nivel que necesitan los empleados», en aras a contar con funcionarios «motivados, formados, bien orientados y satisfechos con el trabajo que están realizando».
El ministro sostuvo que es un texto detallado que regula la carrera profesional, el código de conducta, las posibilidades de desempeño y la negociación colectiva en la función pública «como un elemento clave de mejora del servicio público».
Sevilla aseguró que los detalles de este documento se harían públicos a lo largo del día, aunque precisó que el borrador contempla el compromisos de marcar objetivos a los empleados y hacer un seguimiento, con lo que se retribuirá al trabajador público en función de su desempeño. En este sentido, puntualizó que «la evolución del desempeño no hay que verla solo en el mal desempeño, sino en el buen desempeño, que también tiene que ser premiado».
El ministro argumentó que a partir de la firma de este preacuerdo «queda un largo recorrido», ya que el texto deberá ser aprobado por el Gobierno y discutido por las comunidades autónomas, y, por último, tendrá que ser debatido y aprobado en el Parlamento.
«Creo que el Estatuto final no será muy diferente al preacuerdo de hoy, y estoy convencido de que los demás pasos van a tener bien en cuenta estos 2 años de trabajo y lo que supone este Estatuto para los funcionarios españoles», subrayó.
VALORACION POSITIVA DE LOS SINDICATOS.
El representante de FSAP-CC.OO., Enrique Fossuol, consideró que la nueva normativa hará posible que los empleados públicos tengan unas calidades de trabajo comunes a todo el territorio nacional, lo que supone un equilibrio entre todas las administraciones. «Es un acuerdo positivo, que deberá ser mejorado en la tramitación», sostuvo.
Por su parte, el representante de FSP-UGT, Julio Lacuerda, incidió en que ésta era una norma «necesaria», por lo que esta federación «brinda» este acuerdo, que «saneará aquellas prácticas que perjudican a miles de personas que padecen de temporalidad».
«El Gobierno ha comprendido el problema y ha puesto las medidas oportunas para acabar con la temporalidad, lo que demuestra que hay una verdadera vocación de mejorar la función pública de nuestro país», añadió.
PARTICIPACION INDIRECTA EN SELECCION DE PERSONAL.
Respecto a la participación de los sindicatos en los órganos de selección de personal, Lacuerda indicó que las federaciones podrán conocer y negociar las bases y criterios, aunque no estarán presentes directamente en la selección del personal. «Hemos comprendido al final que ese avance no podría darse, por lo que hemos centrado nuestro empeño en querer negociar», apuntó.
Por último, el responsable de CSI-CSIF, Angel Lozano, afirmó que el nuevo Estatuto debe servir «como elemento de cohesión» para establecer condiciones favorables para los trabajadores de la función pública, como el reconocimiento de la carrera profesional, la mejora de las condiciones salariales y el derecho a la negociación colectiva.
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