El Ministerio de Trabajo quiere que la reforma laboral que está ultimando con los agentes sociales y que se firmará el próximo 9 de mayo en el Palacio de La Moncloa se apruebe mediante un decreto-ley, a fin de que pueda entrar en vigor el próximo 1 de julio, según declaró hoy a los periodistas el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez.
En rueda de prensa para valorar los datos del paro del mes de abril, Gómez subrayó que no sería «razonable» esperar demasiado tiempo para poner en práctica la reforma. «Cuando hay pleno consenso con los interlocutores sociales, este tipo de reformas deben instrumentarse a través de un decreto-ley para evitar, sin perjuicio de una posterior tramitación parlamentaria, situaciones de incertidumbre», manifestó.
En este sentido, el secretario general de Empleo indicó que los datos de contratación del mes de abril implican ya cierta «anticipación» de la futura reforma laboral. Eso explicaría que se haya reducido el número de contratos temporales y acelerado el de los indefinidos, o que el encadenamiento de contratos temporales se haya reducido notablemente respecto a meses anteriores.
Así, los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes pasado apuntan que sólo 4.768 personas causaron baja el 30 de abril para volver a ser dadas de alta el 2 de mayo, una cifra que es cuatro veces inferior a la registrada en otros meses (entre 20.000 y 30.000).
Junto a ello, la contratación temporal desciende, mientras que la indefinida está repuntando, síntoma de que los empresarios podrían estar acelerando la conversión de sus trabajadores temporales a fijos ante el temor de que la reforma laboral elimine las bonificaciones actuales a la conversión, explicó Gómez.
De hecho, la reforma sí suprimirá dichas bonificaciones, aunque no inmediatamente. Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre de 2006, se mantendrán las bonificaciones a la conversión, lo que permitirá, según Gómez, «desembolsar intensamente» el nivel actual de contratos temporales.
El secretario general de Empleo precisó que las bonificaciones, tanto a la conversión como a la contratación indefinida inicial, oscilarán entre los 800 y los 1.200 euros al año -dependiendo del colectivo al que vaya dirigido el contrato-, y su duración será de cuatro años, en lugar de los dos actuales.
Gobierno, empresarios y sindicatos seguirán redactando esta tarde la reforma del mercado laboral, y es muy posible que ultimen su trabajo esta misma tarde.
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