Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha afirmado hoy que espera que «en próximas fechas se pueda alcanzar un preacuerdo» entre Gobierno, sindicatos y patronal relativo a la reforma laboral en el que se incluyan medidas tendentes a reducir la temporalidad.
Según explicó, el objetivo que persigue UGT en la mesa de negociación es un compromiso de la patronal para «reducir el encadenamiento abusivo de contratos temporales, especialmente mediante contratos por obra o servicio».
En este sentido, Méndez señaló que el planteamiento de UGT pasa por «limitar a un periodo de tiempo máximo el número de contratos temporales que se hacen para un mismo trabajo, para que, a partir de dicho límite, se conviertan en contratos indefinidos».
Ello sería parte del resultado de un proceso de negociación que, según Méndez, «está encarrilado ya hacia la consecución de un acuerdo útil para reducir la precariedad laboral e incrementar la seguridad de los trabajadores, eficaz para reducir la temporalidad y con el que se mejorarán los derechos de los trabajadores, en pos de la calidad y la estabilidad en el empleo, y ello combinado con la mejora en la flexibilidad que demanda la patronal».
A este respecto, partiendo del objetivo general de «mejorar la calidad del empleo, buscamos el equilibrio entre seguridad, transparencia en el mercado laboral y flexibilidad», llevando ésta última aparejada la ampliación del uso del contrato de fomento de empleo estable a más colectivos, como también quieren los sindicatos mejorar las prestaciones por desempleo y hacer beneficiarios de las mismas a colectivos ahora no incluidos.
Esto último sería a cambio de que se reduzcan las cotizaciones de las empresas al desempleo de los contratos fijos y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), cuyas prestaciones, según demandan los sindicatos, se incrementarían.
Méndez subrayó también que el diálogo social durante la presente legislatura y con el PSOE en el Gobierno ha dado lugar a «avances muy importantes» en beneficio de los trabajadores, siendo este el caso de la Ley de Dependencia y de la Ley de Igualdad, que, a su juicio, tendrán para el Estado del Bienestar una importancia similar a la que tuvo en su día la universalización de la Sanidad, de la Enseñanza y de las pensiones.
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