El fiscal pide 6 años y medio de cárcel, 9 de inhabilitación y multa de 3.240 euros para dos sindicalistas, miembros del tribunal que debía resolver unas oposiciones a bombero en Granada capital, que presuntamente manipularon y filtraron los exámenes para facilitar el ingreso de compañeros interinos.
Los acusados José Manuel B.S. (CCOO) y Gerardo M.G. (independiente) pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Granada y fueron designados vocales del tribunal en representación sindical del concurso oposición para 16 plazas realizado entre enero y marzo de 2003 y para su actuación delictiva contaron con la colaboración del entonces jefe del cuerpo Antonio Rodríguez Franco, fallecido en junio de ese año en accidente de tráfico.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público acusa a los procesados de un delito continuado de estafa y otro de violación de secreto por los que serán juzgados a partir del 16 de mayo por la Audiencia Provincial.
El primer ejercicio de la oposición, que fue superado por 542 candidatos, consistió en pruebas físicas y se desarrolló sin incidencias del 13 y al 29 de enero de 2003, mientras que el segundo fue un test de cien preguntas elaborado por el tribunal, que estableció el aprobado en el 5, puntuación a la que se llegaba tras restar a las preguntas correctamente contestadas las falladas (una por cada dos) y las dejadas en blanco (una por cada cinco).
Tras el examen, en el que los ejercicios eran anónimos y se identificaban por un número que quedó en manos del secretario del tribunal, decidieron dar por bien contestada a todos los opositores la pregunta 81 por su confusa redacción y, como al llevar corregidos la mayoría de los ejercicios vieron que el volumen de aprobados era «ínfimo», optaron por dar por bien contestadas otras 24.
Según el fiscal, el empeño de los procesados era conseguir que los bomberos interinos que llevaban trabajando años obtuvieran una plaza, para lo que burlaron el anonimato de los exámenes y alteraron, al menos, las pruebas de dos aspirantes -que habían sacado un 3,1 y un 4,8- para que aprobaran.
Posteriormente, se convocó la primera parte del tercer ejercicio para el 21 de marzo de 2003, consistente en un examen escrito con 30 cuestiones. El día antes de la prueba, los acusados y Antonio Rodríguez Franco plasmaron por escrito 21 de las 30 preguntas del examen con el propósito de hacerlas llegar a los aspirantes interinos, sin que haya quedado acreditado cuantos las recibieron.
Entre los interinos a los que fueron filtradas las preguntas estaba Rafael L.S., que las puso en conocimiento de un notario después de que el representante de CCOO le dijera que podría usarlas si finalmente se le aprobaba el ejercicio segundo, que no había superado, o para levantar un acta notarial y acreditar, si fuera preciso, la filtración de las preguntas y anular así la oposición.
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