Según palabras de Manel Fernández, consejero de Sindett, fundación que agrupa a las patronales de las empresas de trabajo temporal y a CCOO y UGT, ‘lo razonable’ en España, donde el sector servicios ocupa a un gran número de trabajadores, sería tener una tasa de temporalidad de entre el 19 y el 20 por ciento.
Fernández abogó por la necesidad de avanzar hacia un modelo de ‘contratación temporal regulada’, con el fin de alcanzar la citada tasa de temporalidad, y por la dificultad de reducirla hasta el catorce o quince por ciento, recomendada por Bruselas.
Fernández hizo estas declaraciones durante la presentación del primer congreso sobre trabajo temporal en España, que tendrá lugar en Valencia los días 3 y 4 de abril y que estará organizado por Sindett, con el lema ‘Juntos por la calidad en el empleo’, para cuya organización se ha creado una comisión que presidirá José Ramón Caso.
Según datos de Sindett, en España existen cerca de 5,5 millones de trabajadores con contratos temporales, lo que supone el 34,39 por ciento de los asalariados y la mayor tasa de temporalidad de la Unión Europea (UE), porcentaje del que las empresas de trabajo temporal sólo gestionan el 14,3 por ciento, unos dos millones de contratos.
Caso, quien criticó que las ETT’s ‘sólo’ gestionen el 14,3 por ciento de los contratos temporales, explicó que la tasa de utilización de éstas empresas en España es ‘muy baja’ en comparación con otros países de la Unión Europea.
En este sentido afirmó que las fórmulas que ofrecen más garantía para cubrir las necesidades de empleo temporal son la contratación a través de ETT’s o de las propias empresas contratantes.
Según Caso, las razones que explican las diferencias de España con la UE en esta materia son las ‘distorsiones’ que el marco legislativo introduce en la contratación por parte de las empresas de trabajo temporal, ‘mucho más restrictivas’ que en otros países, y la ‘poca implantación’ de las ETT’s en la cultura empresarial española.
El congreso organizado por SINDETT contará con la asistencia de representantes de la patronal, de los sindicatos y de los portavoces de los principales partidos políticos.
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