El jefe de la división de Empleo de la OCDE, Raymond Torres, destacó hoy la necesidad de promover la partipación en los mercados laborales de los parados y otros colectivos mediante la eliminación de las prejubilaciones y los subsidios a la inactividad, y la mejora de los servicios que prestan las oficinas de empleo.
Durante su participación en el IV Foro de Empleo de la Fundación Ortega y Gasset, Torres abogó por que las oficinas de empleo individualicen sus relaciones con los parados, a fin de orientarles y animarles a volver al mercado laboral. "No se trata de gastar mucho en programas para los parados, sino de conseguir que estos se activen", precisó.
En cuanto a las prejubilaciones, Torres recordó que han estado y están subvencionadas en muchos países, incluido España. Ésta, dijo, es una política "contraproducente" para la activación del mercado laboral, por lo que defendió su eliminación, así como la cualquier otro subsidio a la inactividad. Torres advirtió de que todos los países de la OCDE se enfrentan a dos retos muy importantes: el "choque demográfico" y el fenómeno de la mundialización. En el caso español, dijo, el impacto que tendrá el envejecimiento de la población se está retrasando gracias a la inmigración.
Para hacer frente a estos y otros problemas, se están realizando reformas nacionales en las distintas regulaciones laborales. La OCDE ha constatado, a través de un estudio, qué políticas funcionan y cuáles no son recomendables.
Entre las primeras, las medidas de activación de los desempleados, la conciliación de la vida laboral y familiar, la supresión de las prejubilaciones, y la inversión en capital humano, resultan "esenciales" para la OCDE, aunque requieren un alto coste económico.
Los dos tipos de reformas que funcionan, precisó Torres, son el modelo americano (el de la desregulación) y el de la 'flexiguridad', que encajaría con la reforma laboral que ha llevado a cabo España. El primero reduce la protección social y las normas laborales, cuesta poco y legalmente resulta sencillo. Pero tiene el riesgo de crear desigualdades e inseguridad entre la sociedad.
El segundo moderniza la protección social, simplifica la normativa laboral y potencia la colaboración entre sindicatos y empresarios. La ventaja de una reforma de estas características es que reduciría la desigualdad y la inseguridad, pero sus costes económicos serían más elevados y la necesidad de evaluarla, constante.
REDUCIR LA INCERTIDUMBRE
Estas consideraciones forman parte de la reevaluación de la estrategia de empleo de la OCDE que han efectuado las divisiones laborales y económica de la misma. Una de las principales conclusiones de este trabajo es que no se observa una relación empírica entre el carácter estricto o no de la legislación laboral y los niveles de desempleo.
"Lo que es importante es cómo se diseña la legislación laboral. Hay que reducir la incertidumbre jurídica, sobre todo en lo relacionado con el coste del despido", manifestó. En este sentido, Torres indicó que, por ejemplo, en Austria se han adoptado medidas para que el trabajador conozca cuánto va a cobrar en caso de despido y el empleador sepa cuánto le va a costar despedir a alguien de su plantilla.
Torres también se mostró partidario de evitar la dualidad en el mercado laboral y acercar los costes de la contratación temporal a los de la indefinida. Asimismo, advirtió de que, en algunos países, se está produciendo un trasvase desde las prestaciones por desempleo a las prestaciones por invalidez, que están creciendo a un ritmo muy elevado.
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