Una sentencia reciente de la Audiencia de Madrid ha impuesto una pena de dos años y seis meses a los responsables de una obra donde murieron dos trabajadores.
Los dos chicos empezaron a desmontar los andamios como podían. Nunca nadie les había enseñado cómo desbaratar ese montón de hierros con el que escalan el hormigón. Después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, uno de los obreros apretó el botón de subida en lugar del de bajada –¡maldita sea!–, una confusión letal. La plataforma sobre la que estaban los dos hombres subió por el tramo que ya habían desmontado y se desplomó al suelo. Estalló un zumbido ensordecedor. Los dos murieron.
Los hechos ocurrieron en 2001 y este mes, la Audiencia de Madrid ha condenado a los responsables de la obra a dos años y seis meses de cárcel por dos delitos de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores, al entender que los obreros emprendieron el desmontaje de los andamios sin información previa y sin vigilancia. Al ser la condena superior a los dos años, los responsables seguramente tengan que ingresar en prisión.
Un precedente que rompe la tónica habitual y puede cambiar las tornas en algunos procedimientos. «Pedimos lo mismo. Hemos recibido la sentencia con una tremenda alegría porque no puede quedar impune que alguien ponga en peligro la vida de los trabajadores», espeta el secretario provincial de CC OO, Rafael Roldán. El sindicato está personado en estos momentos –dice Roldán– en una veintena de casos por siniestralidad laboral.
Según la última memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en diciembre de 2005 había abiertas 30 diligencias previas por homicidio por accidente laboral, aunque precisa que por «las graves deficiencias que presenta el programa informático es difícil obtener datos fiables». A estos procedimientos hay que sumar, otros seis casos en lo que va de 2006, según los sindicatos. «Tenemos la esperanza de que los empresarios acaben en la cárcel; no por los empresarios, sino para que se haga justicia», argumenta Francisco Ruiz Ruano, de UGT.
El abogado Elías Porras , que lleva en estos momentos cinco procedimientos con un trabajador muerto de por medio, admite que, en Granada, «no hay penas altas. No conozco más de un año. La tónica habitual no es que los responsables vayan a la cárcel, no sé si habrá un cambio de actitud tras la sentencia de Madrid y se pedirán penas más duras».
En Granada ya se han dado casos de procedimientos que han terminado con penas de prisión, aunque no lo suficientemente elevadas como para que nadie acabase entre rejas. En diciembre de 2005, una sentencia condenó al gerente de una subcontrata encargada de la construcción del IES de Montejícar por ignorar los planes de seguridad en una obra peligrosa, donde murió un joven de 29 años. En junio, un juzgado de Motril fijó un año y ocho meses de prisión por un delito de homicidio imprudente para el dueño de una finca que no cortó el suministro de una línea eléctrica de baja tensión que iba a ser reparada.
La más alta también la fijó un juzgado motrileño, que condenó a un empresario de la ciudad a dos años de prisión y una multa de 27.000 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores al emplear como guarda, sin contrato y sin dar de alta en la Seguridad Social, a un hombre que murió quemado en la obra que vigilaba en Salobreña.
Un giro
La Audiencia de Madrid ha dado una vuelta de tuerca al fijar una pena superior a los dos años. «Pedimos que se siga por esos derroteros, que el empresario sepa que puede entrar en la cárcel si pone en peligro la vida de los trabajadores», solicita Rafael Roldán. «Esta última sentencia es positiva, porque significa que no con dinero y con una indemnización se suspende la vía penal. A partir de ahora los empresarios tienen que pensárselo mucho», advierte Ruiz Ruano.
«No todos los casos acaban con sentencia ni penas altas. La tendencia es terminar en un juicio de faltas», explica el jurista Elías Porras. «Las condenas suelen ser pequeñas, porque, además, si tuvieran una condena penal, las empresas se quedarían inhabilitadas para realizar obras públicas. No tengo constancia de que a las grandes empresas le suspendan para obras públicas», agrega.
Habrá que esperar para ver si la reciente sentencia de la Audiencia de Madrid tienen parangón en Granada, entre la treintena de procedimientos abiertos. Uno de los más grave, y que aparecía citado expresamente en la pasada memoria de la Fiscalía del TSJA, es el ‘caso Gomérez’, donde murió un trabajador ecuatoriano en una ejecución subsidiaria acordada por el Ayuntamiento de la capital.
Se produjo una cadena de contratos, hasta el punto de que la obra, «cuyo precio había sido fijado en 38.000 euros fue finalmente cedida en 5.000, resultando que la última empresa era una empresa ficticia, apareciendo como titular uno de los trabajadores de la empresa cesionaria». La Fiscalía ha solicitado tres años de prisión para el gerente de Urbanismo, al que acusa de homicidio imprudente.
Otro caso especialmente dramático, pendiente de resolución, es el procedimiento que sigue el Juzgado número 5 de Granada por el fallecimiento de un trabajador boliviano en situación irregular en Maracena al caerse de una altura de ocho metros. Según cita la memoria de la Fiscalía, en este caso aparecieron «graves incumplimientos de las normas de prevención de riesgos laborales, así como la vulneración de los derechos de los trabajadores hasta el punto de que los trabajadores extranjeros en situación irregular eran privados del pasaporte, que permanecía en poder del empresario».
Después del fallecimiento –sigue la Fiscalía– «varios trabajadores denunciaron que fueron amenazados y conminados a declarar en el Juzgado en el sentido indicado por el empresario, siempre con la advertencia de que podían ser expulsados de España. Todo esto además del accidente de la A-7, donde murieron 6 obreros.
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