Los representantes de las principales organizaciones rectoras reclaman un nuevo modelo que refleje las competencias asumidas. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha señalado que hay que replantearse también el modelo de financiación de estas instituciones, que en muchos casos ofrecen un servicio público.
El nuevo papel que están desempeñando los Colegios profesionales, así como el servicio que cumplen en la sociedad ha llevado a la Abogacía a reclamar la necesidad de establecer un nuevo modelo que refleje esta situación. Gonzalo Múzquiz, secretario de Unión Profesional, ha afirmado que "se está empezando a comparar el ejercicio de los Profesionales como empresas liberales, hecho que debería obligar a los distintos colegios a analizarse a sí mismos".
Por su parte, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, ha señalado que estas instituciones deberían conseguir una financiación pública pero sin perder su independencia. Actualmente sus ingresos provienen de las aportaciones de los colegiados, pese a que en muchas ocasiones prestan un servicio público. En opinión de Múzquiz "lo importante es conseguir regular la participación conjunta de los colegios con las administraciones, para crear un ente de coordinación que pueda definir normativas ajustadas a la realidad".
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