El Gobierno y las comunidades autónomas alcanzaron ayer 'un acuerdo de fondo' para el reparto de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a la península y, a partir de hoy, comenzarán los trabajos para concretar la participación de cada una de las CCAA en este programa de traslados.
En unas breves declaraciones, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó de la reunión del Consejo Superior de Políticas de Inmigración, en las que 'todas' las comunidades mostraron su disposición a acoger a los menores que no pueden ser 'adecuadamente' atendidos en Canarias, debido al 'desbordamiento' que sufre el archipiélago.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el gobierno canario han planteado al Consejo Superior de Políticas de Inmigración, la derivación de 500 de los alrededor de 900 menores que viven en las islas.
'Todas las comunidades y la Federación de Municipios y Provincias muestran una disposición positiva y nos indicarán de qué número de plazas disponen en centros tutelados y qué otras plazas pueden ser asumidas por instituciones especializadas en atención a menores, en este caso con financiación de la Administración General', agregó.
Algunas de las CCAA, continuó el ministro, ya han decidido su participación y 'otras han indicado que lo van a estudiar con ánimo positivo', en referencia a los territorios gobernados por el PP.
Caldera expresó su satisfacción 'por la altura ética demostrada' y 'por el acuerdo de fondo' alcanzado por todos los asistentes a la reunión de este órgano coordinador, en el que están representados las comunidades autónomas, la Administración General del Estado y la FEMP.
En el caso de Andalucía, su consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, señaló que su comunidad no acogerá a menores procedentes de Canarias debido a que la red de acogida está saturada, pero seguirá 'participando y colaborando' con el traslado de inmigrantes adultos.
'Seguiremos apoyando al Gobierno en políticas de inmigración y de extranjería, pero Andalucía tiene una singularidad especial en cuanto a menores', apostilló Naranjo, quien recordó que a su región llegan menores 'a diario a través de pateras'.
La consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel, dijo que su comunidad -donde actualmente hay 600 menores acogidos- estudiará la propuesta y tiene 'la mejor disposición de colaborar'.
De Miguel consideró 'evidente' que el número de menores ha aumentado en los últimos meses por el 'efecto llamada que está teniendo la política de inmigración del Gobierno de España' y aseveró que el traslado a la península no es la solución.
En similares términos, la consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, señaló que su región estudiará 'en profundidad' la propuesta, al tiempo que pidió más compromiso financiero del Estado para solventar esta cuestión.
Todas las comunidades, añadió la consejera, 'han manifestado su deseo de estudiar la situación, pero esto no puede ser una subasta.
Agregó que el Ministerio se ha comprometido a convocar una reunión, que espera 'que no sea muy tarde', para tratar ese fenómeno y recordó que la Comunidad de Madrid tiene acogidos a 1.900 menores.
Por otro lado, la consejera de Empleo y Asuntos Sociales de Canarias, María Luisa Zamora, confió ayer en que en breves semanas comiencen los traslados de menores y advirtió de su urgencia pues 'las cifras cambian en cuestión de horas'.
Así, dijo, 'esta mañana teníamos 850 menores y a las pocas horas había 42 más', por lo que ya son alrededor de 900 los que están acogidos en el archipiélago, que, recordó, se trata de un territorio pequeño, fragmentado y con el 45 por ciento de su espacio protegido.
Destacó que la mayoría de comunidades han mostrado su solidaridad y su deseo de acoger menores, aunque antes de concretar las plazas disponibles en cada autonomía deberán estudiarlo, y subrayó que sólo Ceuta, Melilla y Andalucía han manifestado que tienen al límite los cupos en sus centros.
Por último, la Xunta de Galicia manifestó su compromiso formal de participar en los traslados de los menores, aseguró el secretario general de Emigración, Manuel Luis Rodríguez, quien no concretó la cifra de menores de los que esta región pueda hacerse cargo, ya que es una decisión que deberá adoptar conjuntamente con la Secretaría General de Bienestar, competente en la materia.
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