La intensidad y extensión de las transferencias del Estado a las comunidades ha impulsado a las organizaciones patronales y sindicales de cada ámbito territorial a buscar nuevas vías de interlocución y, en consecuencia, a firmar acuerdos regionales. Catorce autonomías –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra, C. Valenciana y La Rioja— tienen suscrito con todos los principales agentes sociales de su ámbito pactos por el empleo.
La situación autonómica figura en un extenso informe interno de CCOO. El documento recoge reflexiones sindicales y sirve para dar a conocer por dónde se mueve el diálogo en las comunidades autónomas. En Baleares existe igualmente un acuerdo tripartito, pero sin el visto bueno de CCOO. Y, cuando se cerró el informe sindical, Galicia había iniciado su concertación vía una Declaración Institucional. La excepción está en el País Vasco, donde la responsabilidad del empleo cae exclusivamente en el gobierno autonómico sin participación de empresarios y sindicatos.
En resumen, son pactos que persiguen junto con la creación de empleo una mayor cohesión e inclusión social. Es decir, abordan los problemas de los trabajadores fuera de la empresa y les atienden cuando están en paro. Seis –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y C. Valenciana— establecen un salario social; y cuatro –Cantabria, Castilla y León, Extremadura y C, Valenciana— se ocupan de la drogodependencia. Además, los convenios de Andalucía, Castilla y León y Madrid dedican un capítulo a la deslocalización (‘huida’ de empresas a otros países con costes laborales más bajos).
También los de Andalucía y Madrid, más los de Canarias, Cataluña, Galicia, C. Valenciana y La Rioja, se ocupan de la evolución del turismo.
Lagunas y retos
El motivo del análisis sindical es transmitir, desde la confederación a las organizaciones territoriales, la idea y realidad de que los acuerdos autonómicos son “instrumentos de intervención valiosos” para el fomento de las colocaciones, de las infraestructuras, de las políticas activas de empleo, de la contratación estable, de la salud y seguridad en el trabajo y de los Servicios Públicos de Empleo (antiguas oficinas del INEM). Comisiones considera pues, que son pactos muy útiles complementarios de los estatales.
No obstante, la central detecta actuaciones que es preciso encauzar mejor. Advierte de que hay que ser conscientes del alcance de determinados acuerdos, en los que la participación institucional, la creación de comisiones y la negociación posterior de aspectos pendientes multiplican los requerimientos del sindicato. Entonces surgen dos problemas de costosa solución.
Uno implica que el número de personas necesarias para su cumplimiento “es grande” y el otro que su cualificación “debe ser cada vez mayor”. Para CCOO también es imprescindible impulsar la cooperación de las federaciones profesionales, hecho que, al no producirse, perjudica los procesos y debilita al sindicato.
De cara al futuro y ante la importancia del diálogo social territorial, los autores del estudio proponen a sus uniones profundizar en la elaboración de líneas estratégicas de acción, sistemas de evaluación y extensión de buenas prácticas. Alertan de que los procesos autonómicos han de converger en la misma dirección de “reforzar derechos, progresar en la igualdad y preservar sistemas de solidaridad”.
Por ello, continua el informe, “debemos trabajar sobre tres cuestiones: coordinación de nuestra actividad, diseño de objetivos comunes, y sistemas de evaluación que permitan extender las buenas prácticas”.
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