El Cuerpo Nacional de Policía ha desarrollado durante los meses de junio, julio y agosto 142 investigaciones por presuntos fraudes que afectan al patrimonio de la Seguridad Social. El trabajo policial se ha saldado con 58 detenidos y 33 personas imputadas, de las que 12 y 14 respectivamente son de Sevilla y Málaga. Las gestiones desarrolladas en diversas provincias han dado como resultado el descubrimiento de una serie de actuaciones irregulares en materia de cotización, obtención de pensiones de invalidez y subsidios, con un fraude por un importe de seis millones de euros.
En concreto, en Sevilla se han practicado diez detenciones y se ha imputado a seis personas, mientras que en Málaga, la otra provincia afectada, las detenciones ascienden a dos y los imputados a ocho.
Estas actuaciones, realizadas por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía, han culminado con la instrucción de 48 atestados remitidos a las autoridades judiciales.
En relación con la cotización se han llevado a cabo diferentes actuaciones, por presuntos delitos de insolvencia punible, cometidos por empresas o grupos de empresas, fundamentalmente del sector de la construcción. Mediante la constitución de verdaderos entramados empresariales, y con fin de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social por las cuotas no ingresadas, los implicados procedían a la descapitalización de las deudoras mediante la enajenación de bienes o traslado a otras mercantiles creadas al efecto. Para ello hacían figurar a testaferros en la constitución y en los órganos de gestión de estas sociedades con el fin de ocultar la verdadera identidad del deudor.
La Sección de Fraudes a la Seguridad Social de la Comisaría General de Policía Judicial también ha efectuado diversas investigaciones por presuntos delitos de falsificación de documentos oficiales, cometidos por responsables de empresas subcontratistas. Estas últimas, con el fin de acreditar ante las compañías para las que prestaban sus servicios, pagos de seguros sociales que no habían realizado, falsificaban los documentos de cotización o certificados simulando estar al corriente de sus obligaciones.
Los implicados falsificaban informes médicos que eran utilizados para obtener pensiones de incapacidad permanente o, en su caso, la revisión de grado de las mismas. Por último, en relación con la obtención irregular de subsidios se han descubierto falsificaciones de certificados de peonadas del Régimen Especial Agrario por parte de personas que sin haber ejercido actividad laboral alguna, simulaban, mediante la presentación de estos certificados, la prestación de la misma para obtener el subsidio agrario.
Los detenidos e imputados
En Málaga, S.A.A. Y R.A. fueron arrestados por presuntos delitos de insolvencia punible por importe de 1.179.371,40 euros. Eran responsables de un grupo empresarial integrado por varias mercantiles, que se iban sucediendo en el tiempo y descapitalizando a medida que se les reclamaban las deudas. Hacían figurar a testaferros como socios y administradores de las mismas para ocultar la verdadera identidad del deudor.
En Sevilla, ha sido detenido F.J.R.A., por un presunto delito de insolvencia punible, por importe de 505.295,79 euros. Titular de varias empresas, quien tras conocer la existencia de diligencia de embargo de bienes decretada por la Seguridad Social, procedió a la venta de los mismos provocando la situación de insolvencia de la deudora.
En la capital hispalense también han sido detenidos L.C.C.M., J.M.C., J.A.D., J.S.C., D.E.E., N.F.L., J.S.V., P.S.V., A.F.G., e imputados F.V.G., Z.B.R., E.B.A., C.S.B., P.C.S. y J.A.F., como presuntos autores de falsificación de documentos oficiales y estafa por importe de 150.000 euros.
El primero de los reseñados, profesional de la gestión, tramitaba a los restantes detenidos e imputados las solicitudes de pensiones de incapacidad permanente, así como de revisión de grado de incapacidad. Presentaba ante el INSS y Juzgado de lo Social, certificados médicos que resultaron ser falsos y que él mismo confeccionaba mediante fotocomposición o escaneado de documentos, cobrando por ello cantidades que oscilaban entre los 700 y 4.500 euros, en función de la pensión obtenida.
Por lo que respecta a Málaga, están implicados en falsificación de documentos oficiales y estafa en la obtención del subsidio agrario por importe de 20.000 euros, M.C.R.L., M.L.G., M.M.M.G., E.M.D.G., M.A.P., J.C.B., J.L.P. y I.M.D. Los detenidos presentaron para la obtención de este subsidio, justificantes de peonadas trabajadas para un empresario agrario, sin conocimiento de éste, y para el que no habían realizado actividad laboral alguna.
En Valencia, E.I.T, J.M.Z.R. y O.K. fueron detenidos por presuntos delitos de falsificación de documentos y estafa, por importe de 1.114.296,81 euros. El primero de ellos, titular de una asesoría laboral aprovechándose del conocimiento que tenía de los datos de Seguridad Social de unas 37 empresas que habían sido clientes de su despacho profesional, y que carecían de actividad, dio de alta en las mismas, en diferentes periodos, a más de 1.000 trabajadores, que nunca llegaron a desempeñar ninguna actividad. En 300 casos se trataba de ciudadanos extranjeros, que no ejercían actividad laboral y que con el pretexto de gestionar su regularización les cobraba elevadas cantidades de dinero. En otros 700, numerosos trabajadores prestaban sus servicios en empresas de las que el propio asesor era titular.
En Palma de Mallorca, J.E.S. y R.F. han sido arrestados al ser responsables de diferentes empresas dedicadas a la construcción en la modalidad de subcontratas. Para justificar el pago de los seguros sociales ante las contratistas, falsificaron boletines de cotización a la Seguridad Social y Certificados que acreditaban que se hallaban al corriente de pago. En realidad, mantenían una deuda con la Seguridad Social por importe de 1.553.362,68 euros.
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