23 de noviembre de 2024
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El PSOE quiere ayudas a la contratación de discapacitados por centros especiales de empleo

El PSOE quiere ayudas a la contratación de discapacitados por centros especiales de empleo

El PSOE quiere que el proyecto de Ley surgido de la reforma laboral acordad por los agentes sociales recupere ayudas a la contratación de discapacitados por parte de centros especiales de empleo.

En concreto, la enmienda socialista tiene por objeto solventar un problema con el empleo de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, ya que la normativa de 1998 establecía una bonificación del 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.

El PSOE recuerda en su texto que el nuevo sistema de bonificaciones establecido en el decreto-ley de mayo de 2006 mediante la aplicación de cantidades fijas, en sustitución del anterior basado en porcentajes de la cuota empresarial, "ha supuesto una disminución relevante en el nivel de ayudas por la contratación de personas con discapacidad por los centros especiales de empleo", llegando a cuestionar en determinados casos "la viabilidad y la permanencia de dichos centros".

A su juicio, este cambio de carácter técnico es preciso "por carecer de sentido la reducción de la bonificación en los términos ahí previstos cuando dicha bonificación consiste en un porcentaje de las cuotas y no en una cuantía fija".

ORGANISMOS PÚBLICOS COMO BENEFICIARIOS

Otra enmienda socialista pretende que los organismos públicos (fundamentalmente dependientes de corporaciones locales) puedan seguir siendo beneficiarias de los incentivos respecto de las contrataciones de las personas con discapacidad.

Además, en una disposición final nueva, el PSOE propone que el Consejo Nacional de Discapacidad (CND) elabore un informe sobre la aplicación de las modificaciones de la Reforma Laboral en materia de incentivos a la contratación de trabajadores discapacitados, para que luego el Gobierno y agentes sociales decidan si conviene introducir modificaciones.

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