Los grupos políticos en el Congreso presentaron ayer unas 110 enmiendas a la reforma laboral, entre las que figura la petición de reducir el tiempo de encadenamiento de contratos temporales para su conversión en indefinidos, así como mejorar las bonificaciones por contratación de discapacitados.
Entre todas las enmiendas, destaca la que defenderá el PSOE para cambiar la fecha a partir de la cual se otorgan bonificaciones por la conversión de contratos temporales en fijos, que será el 1 de julio de 2006 (fecha de entrada en vigor de la reforma) en vez del 1 de junio de este año, como figura en la norma.
El PSOE también propone restablecer la bonificación del cien por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los contratos de fomento de empleo que se realicen a personas con discapacidad en centros especiales de empleo, que habían desaparecido con la reforma frente a otros incentivos. En este sentido, el PP también ha pedido un cambio en las bonificaciones por considerar que la sustitución de las porcentuales por otras con cuantías absolutas suponen una reducción en la práctica de los incentivos económicos y perjudicarán la contratación del colectivo de discapacitados.
Los populares piden que se mejoren las bonificaciones y que se respeten las que se aplican a los contratos firmados con anterioridad a la reforma para evitar "perjuicios innecesarios". Dentro de las medidas de encadenamiento laboral, el PP propone que no puedan ser fijos tras un plazo superior a 24 meses de contratos temporales aquellos trabajadores vinculados a los programas de políticas activas de empleo subvencionados por los Servicios Públicos de Empleo.
IU propone modificar las actuales condiciones para que un contrato temporal pase a fijo (que el trabajador haya estado contratado durante 24 meses en un período de 30 meses) y exigir que los empleados temporales se conviertan en indefinidos cuando acumulen 12 meses de contratos en un período de 24 meses.
Además, exige que se consideren indefinidos aquellos contratos temporales que se demuestre que se han firmado en fraude de ley, y que se incrementen las cotizaciones empresariales por contratos temporales en vez de reducir las cotizaciones por contratos fijos.
IU también quiere eliminar el contrato de fomento de la contratación indefinida (que reduce la indemnización a 33 días por año trabajado en caso de despido), ya que "este contrato no ha representado un avance en la calidad de la contratación".
Por su parte, CiU emplaza al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, las modificaciones normativas para regular las actividades de empresas de recolocación, lo que favorecerá a su juicio el acceso al trabajo de los desempleados.
El Grupo Parlamentario Catalán propone además ampliar las bonificaciones a los contratos indefinidos de trabajadores de más de 56 años, así como ampliar la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha pedido un mayor impulso del contrato de formación, ya que "la tímida medida" recogida en el proyecto de ley "no alcanza a recoger las verdaderas necesidades" que tiene el mercado de trabajo de este contrato, actualmente en "desuso".
ERC también apuesta por aumentar las bonificaciones para los contratos de personas discapacitadas para que sean similares a la que existían antes de la reforma laboral. Además, critica un apartado del artículo 10 que se ha introducido en el proyecto de ley sin que estuviera en el acuerdo entre Gobierno y agentes sociales y que, en su opinión, legitima la reducción de las indemnizaciones por despido y, en concreto, los despidos donde no hay una causa o no está acreditada.
En este ámbito, el PNV ha pedido que se condone la deuda a las sociedades anónimas laborales que se han hecho cargo de una empresa con deudas y cuyo acreedor principal es actualmente el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Además, el PNV ha presentado enmiendas de supresión a todos aquellos artículos que, en su opinión, vulneran las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de empleo. Además, tanto PP como ERC han propuesto actualizar la cuantía de las bonificaciones conforme al IPC.
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