Los ansiados papeles tenían un precio. Los inmigrantes aceptaban pagar entre 1.000 y 2.000 euros para conseguir una oferta de trabajo -aunque el empleo en realidad no existiese- que les abriera las puertas de España. Sin embargo, en muchos casos, la Subdelegación del Gobierno les ha cerrado esa entrada.
En los últimos días, la Policía Nacional ha detenido a 26 personas en dos operaciones contra redes que ofrecían a 'sin papeles' gestionarles un contrato de trabajo, previo pago de una suma de dinero, para legalizar su situación en suelo español.
Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) mantienen dos investigaciones paralelas en torno a una serie de personas que prestaban supuestos servicios de gestoría. La policía ha constatado que los implicados tendrían entre su clientela a medio millar de extranjeros irregulares. A casi todos (por encima de 400) les presentaron una solicitud de regularización que, en muchos casos, ha sido denegada.
Una de estas operaciones policiales, que aún está abierta, ha salpicado a una gestoría de la provincia, cuyo propietario y varias personas de su entorno han sido detenidos tras haber presentado más de 300 solicitudes de regularización que están siendo investigadas, al considerar que podrían estar amparadas en ofertas de trabajo para empresas sin actividad. El dueño de la gestoría ha quedado en libertad con cargos en relación a los presuntos delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular, según confirmaron fuentes cercanas al caso.
Hasta el momento, han sido arrestadas más de veinte personas por esta trama. Entre ellos hay algunos inmigrantes que solicitaron papeles, ya que éstos habrían pagado para obtener la regularización, al parecer, a sabiendas de que el contrato de trabajo que presentaban era sólo una tapadera.
Gestor en Cártama
La segunda operación, denominada 'Escama', ha puesto al descubierto la actividad de un hombre afincado en la localidad de Cártama que se presentaba como gestor. La policía considera que utilizó una red de empresas fantasma, según los investigadores, para intentar regularizar a casi un centenar de extranjeros.
Al ser detenido el pasado 5 de octubre, los agentes comprobaron que el supuesto gestor ya había sido arrestado otras 19 veces, algunas por estafa. En esta ocasión también se le imputa este delito, además de presuntas falsedades documentales y favorecimiento de la inmigración irregular. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital ordenó su ingreso en prisión provisional.
De las aproximadamente 90 solicitudes que presentó este supuesto gestor, menos de diez han sido aceptadas por la Subdelegación del Gobierno de Málaga. El resto han sido rechazadas. Cada uno de estos inmigrantes habría pagado al menos 500 euros por el trámite para encontrarse más tarde con la petición denegada.
Según fuentes policiales, el pago por la gestión de los papeles se fraccionaba en tres momentos. Los 'clientes' de esta gestoría, cuya oficina era el salón de un piso en Cártama, debían pagar 250 euros al entregar su foto y una fotocopia de su pasaporte. Tras esa aportación, la maquinaria se ponía en marcha.
Al parecer, el segundo pago se hacía cuando el gestor conseguía para el inmigrante una oferta de trabajo, momento en el que se abonaban otros 250 euros. El resto hasta llegar a 1.200 -cantidad que requería a sus clientes- se debía pagar al obtener una resolución favorable a la solicitud.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.