El servicio Heldu de atención jurídico-social a inmigrantes que residen en Euskadi ampliará en los próximos meses sus prestaciones, con asesoramiento a personas que sufran explotación laboral o sexual o bien sean discriminadas. Así lo ha anunciado el director de Inmigración del Gobierno Vasco, Roberto Marro, quien ha desvelado que ante esta ampliación de funciones el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha decidido sacar a concurso público la prestación del servicio. "Las nuevas demandas y la imperiosa necesidad de dar cobertura a nuevos supuestos obligan a flexibilizar la gestión de Heldu y a ampliar su campo de actuación. Por ello, resulta necesario buscar nuevas fórmulas que posibiliten la consolidación del servicio de atención jurídico-social a inmigrantes", manifestó Marro.
El Gobierno Vasco creó en 2002 una red de asesoramiento jurídico y social con la finalidad de que los más de 7.000 inmigrantes en situación irregular que entonces existían en Euskadi pudieran solicitar papeles por la vía del arraigo, tal como se contemplaba en la Ley de Extranjería. El servicio era fruto de un convenio suscrito por el Departamento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y los colegios de abogados de Gipuzkoa, Álava y Vizcaya.
Marro ha señalado que, transcurridos cuatro años, las consultas a Heldu han dejado de ser exclusivamente relativas a trámites para la obtención de un permiso de residencia y trabajo, y se han extendido a otras materias, como la legislación laboral, régimen local, normativa sanitaria, etcétera.
En opinión del director de Inmigración, es hora de reforzar los servicios públicos de orientación laboral y su relación con Heldu, prestar atención a las personas en situación regular para que no queden fuera de los circuitos del mercado laboral o se vean abocados a los nichos de empleo que parecen reservados para personas inmigrantes.
Según Marro, la consolidación de Heldu pasa por dar cabida a las nuevas necesidades planteadas desde el movimiento social y desde la propia realidad inmigratoria de la comunidad autónoma. Por ello, considera que es necesario ampliar las materias de trabajo a asuntos relacionados con la discriminación, explotación laboral y sexual y asesoramiento en materia penal y laboral.
El director de Inmigración indicó que esta ampliación de funciones no puede ser asumida por los colegios de abogados de acuerdo con los convenios actualmente suscritos. De hecho, precisó que sus órganos de gobierno se han opuesto por entender que el servicio se convertiría en un recurso competitivo con los despachos profesionales. Por ello, el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales ha optado por la convocatoria de un concurso público para la prestación de un servicio que contemple todas las funciones citadas.
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