El fiscal ha solicitado una pena de cuatro años y medio de prisión para un empresario que prometía trabajo y papeles a inmigrantes ilegales a cambio de dinero, aunque luego no los contrataba, por considerarlo presunto autor de un delito continuado de estafa y otro contra el derecho de los trabajadores.
Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso la prensa, el acusado recibió entre agosto de 2005 y enero de 2006, al menos, 1.905 euros procedente de varios inmigrantes a los que se les concedía la autorización para trabajar, pero luego se les extinguía al no facilitarle el acusado el trabajo prometido.
Durante el periodo mencionado, el procesado, administrador de una empresa que no realiza actividad alguna, presentó 50 solicitudes a nombre de personas extranjeras que, salvo seis, no han sido localizadas y cuyos permisos han sido denegados.
Asimismo, según el relato fiscal, la empresa se ha desentendido de dar de baja a los trabajadores a los que "simula contratar" y no ha pagado cantidad alguna a la Seguridad Social desde su inicio.
El acusado, socio unipersonal de la empresa, actuando con "propósito de ilícito enriquecimiento económico" buscaba los lugares frecuentados por personas extranjeras en situación de ilegalidad a quienes les hacía "aparentes" ofertas de empleo y les hacía creer que obtendrían la regularización.
A cambio de ello, los perjudicados le entregaron distintas cantidades de dinero de las que ha dispuesto en beneficio propio. El fiscal solicita que el acusado devuelva a los inmigrantes la cantidad que recibió de ellos.
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