Las Cortes Generales han aprobado la nueva Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. El texto está llamado a ser una herramienta fundamental para contribuir a la disminución del alto índice de siniestralidad laboral que padece el sector.
Tras examinar la incidencia de la subcontratación en el elevado índice de siniestralidad que registra el sector, se ha desarrollado esta ley que pretende disminuir los riesgos y reforzar las medidas de seguridad. La construcción es uno de los ámbitos sometido a riesgos especiales y que constituye uno de los ejes de crecimiento económico de nuestro país.
La subcontratación es un derecho recogido en el artículo 38 de la Constitución Española y que pretende fomentar el grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y facilita la participación de las pymes en la actividad de la construcción. No obstante el exceso de cadenas, en ocasiones puede tener el efecto contrario menoscabando la protección de los trabajadores y la calidad de los servicios.
La nueva Ley establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control ocasiones situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Estas cautelas se dirigen en tres direcciones. En primer lugar pretenden exigir el cumplimiento de las condiciones para evitar que las subcontrataciones sobrepasen el tercer nivel sin ninguna causa objetiva. Además exige requisitos de calidad y solvencia a las empresas subcontratadas. Finalmente introduce mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante documentos y sistemas de participación de los trabajadores.
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