Los magistrados de lo Social, reunidos en Murcia desde el pasado día 25 en un congreso nacional, han mostrado su 'preocupación por la continua precarización del contrato de trabajo', según se contiene en una de las conclusiones aprobadas.
Para los magistrados, la futura ley de autónomos 'no debe contener ninguna exclusión constitutiva de contratos en los que concurran las notas del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores'.
Según este texto, el Estatuto es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, ya sea física o jurídica.
Asimismo, los jueces de lo Social han coincidido en pedir que se presuman laborales todas las relaciones que se establezcan entre quien presta un servicio y quien lo recibe y en proponer que sea esta jurisdicción la competente 'para dilucidar si hay relación laboral, con independencia de la vinculación formal existente'.
Otra conclusión del Congreso, en el que han tomado parte alrededor de 300 de los 480 magistrados de lo Social de España, pide que se atribuyan en exclusiva a este orden jurisdiccional todas las cuestiones derivadas de los accidentes de trabajo que sean consecuencia del incumplimiento del deber de seguridad.
Para los reunidos, 'es preciso incluir modificaciones en el ordenamiento jurídico, sustantivas y procesales, ágiles y que permitan la reparación íntegra de los daños materiales y morales causados a la víctima de un accidente de trabajo'.
Asimismo, demandan para esta jurisdicción 'la competencia para el conocimiento de la impugnación de sanciones referidas a materia laboral, seguridad social y prevención de riesgos laborales'.
Se afirma, por otro lado, la conveniencia de que las cuestiones en materia social correspondan a los Juzgados de lo Social en su fase declarativa, 'considerándose positiva que la competencia en materia de ejecución se mantenga en los Juzgados Mercantiles'.
A propuesta de la comisión organizadora del Congreso, éste aprobó una conclusión que hace referencia a la necesidad de adecuar la actual planta judicial a la asunción de las nuevas competencias que se solicitan y a la necesaria reforma de la legislación en vigor.
Según se anunció en la presentación del encuentro, en un acto que estuvo presidido por el titular del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, las conclusiones serán elevadas al Gobierno y al Parlamento.
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