Los agricultores y ganaderos por cuenta propia que cotizan a la Seguridad Social en el Régimen Especial Agrario (REASS) se integrarán a partir del 1 de enero de 2008 en un sistema especial dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), según el proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que sustituye una normativa "obsoleta" vigente desde hace más de cuarenta años.
La integración en el régimen de autónomos permitirá a los agricultores por cuenta propia mejorar las prestaciones que reciben de la Seguridad Social, modernizar sus explotaciones y aumentar su productividad e incentivar el trabajo de las mujeres y los jóvenes.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó que se trata de una norma "muy importante" para el sector, ya que unos 263.000 profesionales agrarios se beneficiarán del nuevo sistema.
"Es un proyecto que mejora las pensiones de los agricultores, que moderniza el sector agrario y que incentiva el trabajo en el campo, fundamentalmente de las mujeres y los jóvenes", subrayó Fernández de la Vega.
Igualmente, destacó que este proyecto culmina una "vieja aspiración" de los trabajadores rurales y recoge además el compromiso del Gobierno de caminar de "manera progresiva" hacia la equiparación de derechos de los autónomos agrarios al resto de trabajadores por cuenta propia.
El proyecto de ley sigue las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre integración de regímenes de la Seguridad Social y desarrolla el acuerdo alcanzado el pasado 20 de octubre de 2005 con Asaja, COAG y UPA que suscribieron por primera vez un acuerdo con el Gobierno de forma conjunta.
MEJORA DE PRESTACIONES.
Actualmente la pensión media en el REASS es de 419,70 euros, frente a los 644,08 euros de media del sistema. Con la integración en un sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia dentro del RETA, estas personas aumentarán paulatinamente sus contribuciones, para lo que se ha establecido un periodo transitorio hasta 2008, pero también mejorarán sus pensiones.
Al convertirse en autónomos, los agricultores por cuenta propia tendrán una mayor flexibilidad para contratar trabajadores (con un límite de dos fijos y de 546 jornadas al año para jornaleros). Estos límites se amplían proporcionalmente al número de cotitulares de la explotación, lo que incentiva la afiliación a la Seguridad Social de los cotitulares de explotaciones familiares agrarias.
El proyecto de ley, que modifica una legislación vigente desde los años sesenta del pasado siglo, también permite a estos agricultores diversificar las explotaciones agrarias.
INCENTIVO AL TRABAJO DE LAS MUJERES Y JOVENES.
Asimismo, el proyecto de ley quiere actuar de forma positiva en relación a la eliminación de desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito agrario y al cumplimiento de las políticas de igualdad.
Para ello se establecen medidas como la reducción de un 30% en la cotización por contingencias comunes durante tres años a los cónyuges de los titulares de una explotación, medida que va dirigida directamente a las mujeres y a los jóvenes descendientes del titular de la explotación dedicados a la actividad agraria.
De la media actual de 260.000 afiliados al REASS por cuenta propia, un 70% son hombres y un 30% mujeres, mientras que en el conjunto del sistema de Seguridad Social las mujeres ya representan el 41% de los afiliados.
Según el Censo Agrario, el número de titulares de explotaciones con tierras en España supera 1.700.000, de los que un 70,4% son hombres y un 29,6%, mujeres. Dicho censo, que refleja un claro proceso de envejecimiento demográfico en este ámbito, pone igualmente de manifiesto que 1.300.000 titularidades corresponden a explotaciones marginales o secundarias, frente a poco más de 400.000 de carácter viable o próximo a la viabilidad económica.
Finalmente, también hay que destacar que, mientras los hombres son titulares de esta última clase de explotaciones en un 82% de los casos, las mujeres sólo lo son en un 18%.
VALORACION DEL CES.
El Consejo de Ministros estudió el pasado 29 de septiembre el proyecto de ley que hoy ha aprobado y decidió remitirlo al Consejo Económico y Social (CES) para que emitiera dictamen.
Reunido en sesión plenaria el CES el pasado 25 de octubre valoró positivamente el proyecto al considerar que supone un avance en el cumplimiento del Pacto de Toledo; se trata de un proyecto equilibrado, ya que aplica los cambios de forma gradual; mejora la protección social del sector, y facilita la gestión del sistema y la incorporación de las mujeres y los jóvenes.
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