La necesidad de rebajar la precariedad en el empleo marca el I Congreso de Acción Social

El I Congreso Nacional de Acción Social y Condiciones de Trabajo para los Empleados de las Administraciones Públicas arrancó ayer en Granada con la presencia de 1.300 asistentes, procedentes de toda la geografía nacional, y con asuntos de calado a debatir que ya se encuentran encima de las distintas mesas de trabajo, tales como la precariedad y temporalidad existente entre este colectivo -más de dos millones a nivel nacional y por encima de los 45.000 en la provincia granadina-, la escasa conciliación de su vida laboral y familiar, los riesgos en la salud o el impacto del Estatuto de la Función Pública. Organizado por la Universidad de Granada en colaboración con distintas administraciones y entidades financieras, el cónclave se desarrolla durante estos días y sus conclusiones serán presentadas el sábado.

Precisamente, en la inauguración del Congreso quedó patente que muy lejos de la noción que la sociedad tiene acerca del empleado público -que puede resumirse en un trabajador con un puesto para toda la vida y bien remunerado- la realidad es muy distinta. A este respecto, Cándido Méndez, secretario general de UGT a nivel nacional, dejó claro que este 'modelo' de empleado público responde más a una especie de «leyenda urbana sin fundamento alguno» que a la realidad de hoy día.

Méndez se mostró convencido de que la modernización de las administraciones públicas «es una condición necesaria, aunque no suficiente, para abordar un mayor desarrollo económico de nuestro país y el cambio de nuestro modelo productivo».

A partir del planteamiento anterior, tanto Méndez como otros intervinientes en la primera jornada del Congreso Nacional de Acción Social coincidieron en el hecho de que el empleado público necesita una mayor y mejor estabilidad en su trabajo. Y es que en los últimos años, donde ha crecido la precariedad laboral ha sido precisamente en el ámbito de las administraciones públicas, que en su conjunto, cuentan con más de un 21% de los trabajadores con contrato por un periodo de tiempo limitado. De ahí que tanto UGT como el resto de los sindicatos firmantes del Estatuto de la Función Pública -CC OO y CSI-CSIF- hayan arrancado del Gobierno un compromiso por el que se reduzca del mencionado 21% al 8% los niveles de temporalidad existentes en el ámbito del trabajo en las administraciones, en un plazo de tiempo razonable.

Un punto el anterior que completaría otro no menos importante, como es la defensa de un mecanismo de acceso a la función pública para resolver el problema de los interinos, fundamentalmente, en Sanidad, Educación, ayuntamientos y otros ámbitos.

Emilio Fernández, presidente nacional de CSI-CSIF, alertó por su parte de la necesidad de que las distintas administraciones públicas se tomen de una vez en serio la obligatoria prevención de riesgos laborales para sus trabajadores y que éste sea un tema que no quede en el tintero. Un asunto en el que la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías puede ser decisivo a la hora de reducir la siniestralidad laboral y contribuir a mejorar las condiciones de trabajo del empleado público.

Vida laboral y familiar

Respecto a la conciliación de la vida laboral y familiar en el ámbito del que se trata, Pedro Pérez González-Toruño, secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, destacó en la inauguración del Congreso Nacional de Acción Social el éxito que ha tenido el modelo de concertación existente en Andalucía. Un modelo que en el ámbito público contempla «encajar distintas medidas que hacen perfectamente posible la convivencia de derechos y obligaciones de los trabajadores al servicio de la Junta de Andalucía». González-Toruño desgranó algunas de las que se han puesto en marcha y otras que benefician especialmente a las mujeres que son madres y que tienen obligaciones ineludibles para con sus hijos, aspecto que también resaltó el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, al referirse a la situación que atraviesan los empleados públicos en las corporaciones locales. Caler destacó la masiva incorporación de la mujer a la vida laboral en el seno de la administración local andaluza y las posibilidades reales de hacerla compatible con sus obligaciones como madre.