La Junta de Extremadura establecerá un calendario permanente de revisiones periódicas para los empleados públicos

Redaccion

13 Nov, 2006
11:33 pm

Tras finalizar los primeros exámenes médicos de los 45.000 funcionarios, la administración regional elaborará este calendario en función de las características de cada puesto.

De esa forma, lo ha anunicado el director general de la Función Pública, Pío Cárdenas, en la Comisión de Organización Administrativa, Interior y Justicia de la Asamblea de Extremadura.

Cabe señalar que Cárdenas ha comparecido para responder a una pregunta del diputado del PP, Pedro del Pino, sobre los motivos por los que se convocan concursos públicos de contratación de servicios de prevención ajenos a la Junta, para vigilar la salud de los empleados públicos.

Según el director general, se trata de un proceso habitual en las administraciones al carecer de los medios necesarios, para extender las revisiones médicas al conjunto de sus trabajadores, que además la Junta consensuó con los sindicatos en marzo pasado dentro del acuerdo de salud laboral.

Junto con ello, Cárdenas ha subrayado que la pretensión de la Junta es realizar estas pruebas con la mayor rapidez posible, para después marcar un ritmo periódico revisiones pero, en el caso de algunos trabajadores, como los 800 del servicio de prevención y extinción de incendios, es la Junta la que hace directamente las revisiones.

Hasta ahora, se ha adjudicado a tres empresas y por un importe de 330.000 euros las realización de las pruebas a cinco grupos de trabajadores, los de los centros de menores, de educación especial, infantiles, de mayores y de disminuidos psíquicos.

Además, el próximo año comenzarán las revisiones del personal docente, mientras que los exámenes de los empleados sanitarios las asume directamente el Servicio Extremeño de Salud.

Mientras, el diputado del PP se mostró conforme con la realización de estas pruebas médicas, pero no con el sistema de adjudicación pues, como ya ha ocurrido en otras licitaciones de la Junta, quedan fuera las empresas que no son convocadas previamente al acto público de concesión.

Para Del Pino, "es una aberración administrativa", reiterando que se trata de un "acto público que no se publicita" y, que "se deberían guardar más las formas".