Los representantes de los trabajadores tendrán los mismos datos que el consejo. Los empresarios querían sanciones para los que vulneren el deber de sigilo
El Gobierno reforzará el derecho de información y consulta de los comités de empresa mediante una ley que reformará el Estatuto de los Trabajadores. El Consejo de Estado ya analiza el anteproyecto y lo enviará en breve al Parlamento. La medida, que debería entrar en vigor a principios del 2007, obligará a las empresas a mantener un intercambio de información y de opiniones con los comités que harán también una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa laboral y social.
El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores ya se adelantaba a la directiva comunitaria del 2002 sobre el marco general de relativo a los derechos de información y consulta de los comités de empresa. Sin embargo, el Gobierno ha aprovechado su trasposición para reforzar este principio e intentar que todas las empresas lo cumplan.
La reforma ha sido elevada a consulta a los agentes sociales y se ha llegado a un acuerdo. Los secretarios de acción sindical de UGT y CCOO, Antoni Ferrer y Ignacio Fernández Toxo, coinciden en que, hasta ahora, pocas sociedades españolas, salvo las más grandes y las que fueron públicas, cumplen con la obligación de facilitar información trimestral al comité sobre la situación económica de la empresa, la evolución futura de sus actividades, el programa de producción y ventas, la situación económica, los procesos de fusión, absorción o modificaciones del estatus jurídico de la compañía y otras cuestiones que estipula el Estatuto de los Trabajadores. "La mayoría se limita, con reticencias, a ofrecer datos sobre contratos, plantilla y planes de formación", dice Ferrer.
PLANES DE FUTURO
La ley reforzará el derecho de los comités a recibir la misma información que la dirección entrega a los socios incluso sobre estrategias presentes y futuras. También obligará a que ambas partes trabajen juntas con "espíritu de cooperación" y remacha el derecho de los comités a emitir informes en base a la información recibida ante la toma de decisiones del empresario.
Durante la elaboración del anteproyecto de ley, las patronales exigieron quedar exentos de ofrecer información sobre lo que pudiera constituir secreto industrial, financiero o comercial o que pudiera ocasionar graves perjuicios a la estabilidad de económica de la empresa. La nueva norma ha aceptado esta exigencia patronal pero solo con carácter excepcional y siempre que los datos "no tengan relación con el volumen de empleo de la empresa", con lo que prácticamente queda desvirtuada esta salvedad.
Para poder elaborar estos informes, el anteproyecto establece que la información debería ser facilitada "en un momento, de una manera y con un contenido apropiado" para favorecer al comité un examen adecuado. Las consultas deben establecerse en reuniones con el empresario y permitir obtener una respuesta, una negociación o un intercambio de opiniones.
USO RESTRINGIDO El texto refuerza el deber de sigilo, sin imponer las sanciones a los comités que exigía la patronal en caso de filtraciones. Prohíbe que los miembros del comité y los expertos que los asistan, incluso cuando hayan dejado su mandato, puedan utilizar fuera de la empresa esa información.
Toxo y Ferrer explican que este es solo un primer paso para que los comités participen activamente en el gobierno de las empresas con su presencia en los consejos de administración o en órganos paritarios. "Esto es lo único que permitirá abrir la llave de la flexibilidad laboral en las empresas", advierten.
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