La organización Internacional de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch denunció esta semana en un informe la situación de explotación laboral que sufren los trabajadores inmigrantes en Emiratos Árabes Unidos (EAU), como bajos sueldos e impagos de salarios y condiciones de trabajo con alto riesgo de accidentes laborales, lesiones e incluso muertes.
En respuesta a este informe, el primer ministro del país, jeque Mohamed Bin Rashid al Maktoum, ha exigido al ministro de Trabajo, Ali bin Abdullah Al Kaabi, "reforzar las leyes laborales del país" de acuerdo con las recomendaciones de Human Rights Watch.
En este sentido, la directora de la organización para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson, afirmó que "el decreto del primer ministro para proteger los derechos de los trabajadores está funcionando en la buena dirección", sin embargo, añadió que hasta que el Gobierno no empiece a implantar la ley, "EAU seguirán siendo conocidos por las violaciones que se cometen en materia de trabajo".
El reportaje 'Building Towers, Cheating Workers', basado en entrevistas con trabajadores, responsables del Gobierno y representantes del mundo empresarial, y publicado por Human Rights Watch, señala que en los EAU existen "graves abusos sobre los trabajadores, concretamente en el sector de la construcción". Estos abusos incluyen bajos sueldos e impagos, además de alto riesgo de accidentes laborales, lesiones e incluso muertes.
Después de un huelga y manifestaciones el pasado año, el Gobierno de EAU prometió respetar los derechos de los trabajadores legalizando los sindicatos y reforzando las leyes laborales del país, pero el documento de Human Right Watch denuncia que todavía no lo ha llevado a cabo. Human Rights Watch se refiere además al hecho de que los empresarios de la industia de la construcción "no están obligados a pagar una indemnización, ni tiene responsabilidades penales cuando inclumplen las leyes laborales".
ABUSO CONTRA INMIGRANTES
EAU está actualmente experimentando un cambio repentido en su mercado laboral, y es que más de 500.000 trabajadores de la construcción del país, son inmigrantes, la mayor parte provenientes de países asiáticos como India, Pakistán y Bangladesh. El país tiene en la actualidad cerca de 3 millones de trabajadores inmigrantes, lo que representa casi el 95% de la mano de obra del país. "Cientos de edificios han sido construidos por los trabajadores inmigrantes bajo condiciones de explotación", afirmó Whitson.
El pasado mes de octubre, HRW comunicó sus recomendaciones al Gobierno de EAU. En concreto, el primer ministro ordenó crear un Tribunal especializado en la resolución de conflictos laborales, incrementar el número de inspectores, conceder asistencia médica a los trabajadores menos cualificados, y desarrollar mecanismos para disminuir los rangos de trabajadores impagados.
Los empresarios de EAU importan trabajadores de la construcción de agencias locales, dentro y fuera de Emiratos Árabes Unidos. Estas agencias 'reclutan' mano de obra ilegalmente, y éstos deben pagar aproximadamente 3.000 dólares –2.300 euros– en concepto de viaje, visas, y comisiones por el servicio prestado.
Para pagar estas tasas, los 60 trabajadores preguntados por Human Rights Watch en su investigación afirmaron que debieron aceptar un préstamo de las agencias reclutadoras que debieron devolver de manera mensual con unos intereses que superaban el 10%. Como resultado, los empleados trabajaban durante los dos o tres primeros años sólo para cancelar la deuda que habían contraído con la agencia.
Mientras, las leyes de EAU prohíben expresamente este tipo de prácticas, pero tanto los agentes reclutadores como los empresarios, "desobedecen abiertamente esta ley", dice HRW. Las agencias reclutadoras explicaron sin embargo a la organización que actúan como "puente de unión" entre los trabajadores y los empresarios.
Según Whitson, "el Gobierno afirma que los trabajadores son libres para abandonar EAU si no están contentos", pero se quedan porque "no tienen opciones de encontrar otro trabajo, y deben dinero a las agencias". La realidad es que estos trabajadores "no tienen muchas más opciones".
Human Rights Watch detectó también que los empresarios mantienen los salarios bajos aprovechándose de una ley que niega a los trabajadores cambiar de trabajo sin el consentimiento de su antiguo jefe.
Aunque el Gobierno está obligando a las compañías a pagar los atrasos a sus empleados, no existe constancia de que se haya penalizado a un empresario con multas o cárcel por no pagar los sueldos, aprovechándose de las pequeñas 'grietas' de la ley laboral.
BAJOS SALARIOS, NINGÚN DERECHO
Los salarios de los trabajadores de la construcción, que van de 100 a 250 dólares al mes –entre 160 y 195 euros–, contrastan con el salario medio nacional que es de 2.000 dólares –algo más de 1.500 euros al mes–. Por otra parte, aunque la ley laboral de 1.980 exige la existencia de un salario mínimo, "el Gobierno ha evitado hacerlo durante 26 años", agrega HRW.
Whitson señaló en este sentido que el Gobierno de EAU "necesita implantar castigos criminales y financieros contra los empresarios y agencias reclutadores que continúan explotando a los trabajadores cobrándoles tasas abusivas por sus pasaportes y viajes".
Sólo en 2004, las embajadas de India, Pakistán y Bangladesh repatriaron 880 obreros de la construcción fallecidos a sus países de orígen. Incluso en Dubai, –el único Emirato que tiene datos oficiales de muertes de trabajadores inmigrantes–, recogió 34 muertes en la construcción el pasado año, sólo basándose en los datos ofrecidos por seis compañías.
Asimismo, el Gobierno no permite a los trabajadores formar parte de los sindicatos. En consecuencia, "no existen mecanismos institucionales que defiendan los derechos de los trabajadores". El pasado mes de marzo el Gobierno prometió legalizar los sindicatos a finales de año, sin embargo, en septiembre aprobaron una nueva ley que prohibe las huelgas y manifestaciones de trabajadores, bajo la amenaza de ser deportados.
"Esperamos que las nuevas promesas del Gobierno refuercen la Ley del Trabajo y no pase lo mismo que con la promesa rota de legalizar los sindicatos", sentenció Whitson.
Human Rights Watch hace un llamamiento a EAU, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a que respete e implante las leyes laborales, incluido el derecho a la libertad de asociación y el derecho a huelga.
Asimismo, la organización anima al Gobierno de Estados Unidos, a la Unión Europea y a Australia –que están actualmente en negociaciones con EAU para enviar trabajadores–, a que defiendan el respeto de los derechos fundamentales de éstos, como algo "fundamental" en cualquier contrato en el futuro.
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