La directora xeral de Relacións Laborais, Pilar Cancela, reconoció ayer en el Parlamento autónomo que 1.301 trabajadores del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de Renfe Operadora se acogieron en Galicia a los dos expedientes de regulación de empleo presentados por ambas entidades. Así lo confirmó Cancela en la Comisión de Emprego, en la que dijo que 727 de esos trabajadores pertenecen a ADIF y 574 son empleados de Renfe, tras apuntar que el expediente afecta en todo el Estado a 4.500 trabajadores entre las dos compañías.
Cancela explicó que la causa fundamental de este recorte deriva del cambio del marco normativo del sector ferroviario, que supuso, por una parte, la separación de las actividades de infraestructuras de las de explotación de los servicios y, por otra, la apertura del transporte ferroviario a la competencia, lo que llevó a crear dos entidades públicas. De esta forma, Renfe pasó a llamarse Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, creándose una nueva entidad pública empresarial denominada Renfe Operadora, encargada de presentar servicios de viajeros y mercancías.
Nuevas competencias
Las nuevas competencias atribuidas a este nuevo marco jurídico, junto con el desarrollo normativo de la propia ley, unido al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) -indicó Pilar Cancela- llevó a Renfe a nuevos objetivos, entre ellos perseguir fuertes inversiones para el sector ferroviario, la construcción de una red de altas prestaciones o la inclusión del nuevo ancho internacional de la vía.
Cancela añadió que las necesidades actuales incluyen tres situaciones diferentes, la incorporación de trabajadores con la cualificación técnica precisa para desarrollar el PEIT, la elevada edad media de los colectivos más cualificados y las pérdidas económicas previstas por el sector. Todo ello llevó a adoptar un plan de empleo que persigue la reducción de costes a través de bajas graduales voluntarias hasta el 2010, que se contrarrestarán con ofertas de empleo público para profesionales y técnicos de alta cualificación.
El origen de esta respuesta de la directoral xeral de Relacións Laborais está en la iniciativa que presentó la diputada popular Susana López Abella, que pidió a la Consellería de Traballo que hiciera una valoración del desmantelamiento de servicios y estaciones de Renfe en Galicia y sobre la posible elaboración de un plan alternativo para paliar la pérdida de puestos de trabajo. López Abella dijo que la situación del ferrocarril está atravesando en Galicia por uno de los peores momentos de su historia.
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