Trece comunidades autónomas españolas incumplen la recomendación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de contar, al menos, con un inspector laboral por cada 10.000 ocupados. Sólo Castilla y León, Extremadura, País Vasco y La Rioja, junto con las ciudades de Ceuta y Melilla, responden a este requerimiento.
En el conjunto del Estado, la relación tampoco se da. El total de inspectores y subinspectores es de 1.673 que, ante los 19.895.600 ocupados recogidos en la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2006, cada uno se ve obligado a atender a 11.892 trabajadores, es decir, a 1.892 por encima del límite aconsejado.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales baraja ampliar la plantilla de los controladores y pero los sindicatos mayoritarios consideran que antes es preciso reformar el acceso a estos puestos. El actual mecanismo requiere notables conocimientos que sobrepasan las necesidades profesionales de la Inspección y, además, los salarios no están acordes con el esfuerzo desarrollado para entrar en el cuerpo.
Malasia y Blangladesh
La falta de ‘vigilantes’ fue debatida por la OIT en uno de sus últimos Consejos de Administración ante el drama humano y económico que suponen los siniestros laborales. Las conclusiones figuran en un informe difundido por todas las oficinas del organismo.
El documento recoge que en el mundo existen 120.000 inspectores que se enfrentan diariamente a grandes desafíos como la prevención de 2,2 millones de muertes anuales por enfermedades o accidentes profesionales. Entre su actividad también figuran la lucha contra la propagación del sida, la erradicación de la explotación infantil y la desaparición de los trabajos forzosos.
La situación de los Estados asociados a la OIT es dispar. Malasia posee la mejor proporción de inspectores al disponer de uno por cada 5.500 trabajadores, mientras que Bangladesh se sitúa en el otro extremo. Sólo tiene un vigilante por cada 3,2 millones de empleados.
Madrid, peor proporción
En España los inspectores que tienen que atender a un menor número de ocupados son los que residen en las ciudades de Ceuta y Melilla. En ellas, la proporción es de un vigilante por cada 3.428 y 3.374 trabajadores, respectivamente.
Entre las comunidades que cumplen la recomendación, Castilla y León figura en la mejor posición. Cada inspector sólo vela por las condiciones de 8.440 ocupados. A continuación figuran La Rioja, con un controlador por cada 9.012 trabajadores; el País Vasco, con uno por cada 9.842; y Extremadura, con uno por cada 9.870. Aragón sobrepasa la recomendación pero se queda muy cerca del objetivo al registrar un inspector por cada 10.062 empleados.
El panorama más duro es el de Madrid, donde un solo vigilante tiene que atender las condiciones laborales de 15.476 ocupados. También en Cataluña existe una carencia importante al contabilizarse únicamente un inspector por cada 14.528 trabajadores.
Andalucía, mayor plantilla
Otras autonomías que superan el desfase estatal son la Comunidad Valenciana, con un profesional especializado por cada 13.543 ocupados; Murcia, con un inspector por cada 12.930 trabajadores; Baleares con uno por cada 12.300; y Navarra, con uno por cada 12.954.
Andalucía, por su parte, es la comunidad que cuenta con la mayor plantilla de vigilantes (125 inspectores y 146 subinspectores). En total, tiene 271 profesionales, pero se sale de la recomendación de la OIT en 1.499 ocupados.
En el resto de las autonomías la proporción es la siguiente: un inspector por cada 11.677 empleados en Galicia; uno por cada 11.668, en Castilla-La Mancha; uno por cada 11.234, en Canarias; y uno por cada 11.173 en Asturias.
ANDALUCÍA: 271 inspectores para 3.116.400 ocupados.
ARAGÓN: 58 para 583.600.
ASTURIAS: 38 para 424.600.
BALEARES: 43 para 528.900.
CANARIAS: 79 para 887.500.
CASTILLA Y LEÓN: 126 para 1.063.500.
CASTILLA-LA MANCHA: 69 para 805.100.
CATALUÑA: 237 para 3.443.200.
COMUNIDAD VALENCIANA: 159 para 2.153.400.
EXTREMADURA: 41 para 404.700.
GALICIA: 102 para 1.191.100.
MADRID: 192 para 2.971.500.
MURCIA: 46 para 594.800.
NAVARRA: 24 para 289.300
PAÍS VASCO: 101 para 994.100.
LA RIOJA: 16 para 144.200.
CEUTA: siete para 24.000.
MELILLA: siete para 23.600.
Dirección Especial: 14 inspectores y un subinspector.
Dirección General: 17 inspectores y cuatro subinspectores.
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