CC-NC en el Congreso ha pedido modificar los efectos de la inscripción de los inmigrantes irregulares en el padrón municipal para que este trámite deje de significar 'una legalización de hecho', así como eliminar el permiso de residencia por arraigo laboral y el visado de búsqueda de empleo.

Son medidas que recoge la proposición de ley sobre lucha contra la entrada clandestina de inmigrantes que presentó hoy el portavoz del grupo parlamentario, Paulino Rivero, para quien 'es inaceptable que se intente esconder la incapacidad del Gobierno para manejar este asunto en la creación de una subcomisión' como la que se constituye mañana en el Congreso.

Coalición Canaria, insistió su portavoz, 'no espera gran cosa' del grupo de trabajo auspiciado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dado que, a su juicio, servirá para 'escenificar de manera clara las rotundas diferencias entre PP y PSOE' y no para 'alcanzar un gran pacto' que sería 'utópico' entre los dos grandes partidos en la recta final de la legislatura.

En su opinión, 'la radiografía de la inmigración ilegal está suficientemente estudiada' y se conocen las 'adaptaciones del marco normativo' que son necesarias ante el aumento 'exponencial' de entrada de inmigrantes, que, según sus datos, se dobló durante octubre y noviembre respecto a 2005 'a pesar de las malas condiciones del mar'.

La proposición, que se registrará en el Congreso y en el Senado, no pretende 'endurecer' la respuesta a la inmigración ilegal, sino 'canalizarla legalmente', dijo Rivero en su defensa de iniciativas como la eliminación del arraigo laboral para evitar propiciar el 'abuso' de 'empresarios desaprensivos'.

Sobre las modificaciones sobre el padrón, el portavoz canario explicó que no supondrían un cambio en los derechos a la educación y la sanidad, pero sí acabar con que 'una mera inscripción permita tener acceso a cualquier otro tipo de servicios en las mismas condiciones que un inmigrante regular'.

También abogan por la restricción de la entrada en España de los extranjeros previamente expulsados, la creación de juzgados especializados en materia de extranjería, y medidas para fomentar la cooperación con las Comunidades Autónomas.