Radicalmente a favor o visceralmente en contra. El debate sobre si las cajas deben o no emitir cuotas participativas –acciones sin derechos de voto que cotizan en bolsa– genera posturas diametralmente opuestas.
Los sindicatos critican duramente a las cuotas por considerarlas un paso hacia la privatización de las cajas, y por lo tanto, a la desaparición de su estatus jurídico, que tradicionalmente se ha considerado más favorable para los trabajadores que el de los bancos.
En entornos más liberales, sin embargo, las cuotas se consideran la vía más idónea para que las cajas adapten su gestión a la transparencia y rigor que exige cotizar en los mercados y para que, de una vez por todas, estas entidades entierren estigmas como el de su supuesta politización.
En el sector, no obstante, se empiezan a barajar fórmulas para que ese instrumento financiero –que permitirá a una caja obtener recursos en el mercado– contente a todos. Alguna de las cajas cuya dirección siempre ha sido favorable a las cuotas, considera que tarde o temprano apelará a ese instrumento. Máxime si se lo pide el Banco de España, cuyo nuevo gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha puesto como condición más “disciplina de mercado” a las cajas para permitirles salir al exterior y comprar otras entidades fuera de España.
Para paliar la oposición sindical, uno de los modelos de emisión de cuotas que se baraja consiste en reservar un tramo para los empleados. Sería equivalente a cuando una empresa hace una colocación en bolsa reservando parte del capital a los trabajadores. O simplemente, cuando una empresa establece mecanismos de opciones sobre acciones (stock options) como retribución variable a medio o largo plazo ligada a la evolución del grupo en bolsa y a sus resultados.
Grupos como BBVA y Santander –los dos grandes bancos en España– tienen establecidos amplios sistemas de retribución variable de este tipo. Desde hace meses, la retribución variable es algo que preocupa a las cajas, que ven cómo no pueden competir con la flexibilidad salarial de la banca, sobre todo en la captación de los mejores profesionales y en la retención del personal más cualificado.
Además de un tramo para empleados, también habría otros para los demás componentes de los órganos de gestión de las cajas (impositores y organismos públicos). ¿Hasta qué punto entonces se podría hablar de privatización? Los críticos de las cuotas deberían, sin duda, hacer malabarismos dialécticos para readaptar su discurso. Entidades como Caja Madrid, Caja Murcia y Caixa Galicia han reconocido abiertamente que emitirían cuotas en caso de necesitarlas.
Muchas otras lo han estudiado. En el sector se da por hecho que será cuestión de tiempo que salgan al mercado. De momento, las cajas han podido cubrir la necesidad de recursos por vías más baratas (acciones preferentes y deuda subordinada). El problema es que éstas no son infinitas, ya que tienen límites en términos de porcentaje sobre recursos propios, que algunas cajas podrían estar rozando.
En febrero, Santander Investment realizó una presentación especializada sobre cuotas –posiblemente pensando en el negocio que pueda captar con su colocación–. A la reunión acudieron una veintena de cajas, lo que demuestra el interés que suscita este instrumento. A la necesidad financiera se une la institucional. En el sector se da por seguro que cuando Fernández Ordóñez pide, genéricamente, “disciplina de mercado” lo que en realidad quiere decir es “cuotas participativas”.
El proyecto de La Caixa de sacar un hólding a bolsa con parte de sus participaciones podría ser considerado un sustituto de las cuotas. Pero mientras que este plan será observado con detenimiento por el Banco de España, las cuotas tendrían su visto bueno a priori, como el mejor pasaporte de las entidades en la nueva aventura exterior que quieren emprender.
M.Á.Patiño
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