El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, señaló hoy que el Gobierno impondrá 'seguramente' una moratoria a la entrada de rumanos y búlgaros en el mercado laboral español a partir del 1 de enero de 2007, aunque será 'flexible' y no afectará a los que ya trabajan legalmente en España.
En 'Los Desayunos de TVE', Caldera declaró que su departamento todavía está negociando con los agentes sociales las medidas a tomar, aunque 'seguramente' se establecerá un período transitorio para la concesión de permisos de trabajo a rumanos y búlgaros, aunque 'será flexible, porque no queremos que haya nadie trabajando en la ilegalidad'.
El ministro insistió en que la moratoria garantizará que quien tenga un empleo legal y cotice a la Seguridad Social 'pueda tenerlo'.
'Pondremos un período transitorio para los ciudadanos que quieran venir a España a ver cómo se comporta nuestro mercado laboral durante un tiempo', concluyó Caldera, después de recordar que los rumanos y búlgaros serán ciudadanos comunitarios a partir del próximo 1 de enero y que, por tanto, tendrán permiso de residencia y podrán desarrollar actividades económicas por cuenta propia sin restricción alguna.
El pasado 31 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, anunció que España impondrá una moratoria de dos años a la libre circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros, una cuestión que Caldera negó entonces que estuviera decidida, ya que se consensuaría con sindicatos y patronal, que temen una 'avalancha'.
A principios de esta semana, UGT reiteró su petición de que el Gobierno aplique una moratoria, que a su juicio debería extenderse por un plazo de dos años y combinarse con una aplicación flexible de la normativa de extranjería para rumanos y búlgaros.
Esta flexibilidad supondría que serían considerados ciudadanos comunitarios y, por tanto, con libre acceso al empleo en cualquier sector de actividad y provincia, los rumanos y búlgaros que residan en España a fecha de 1 de enero y que sean titulares de autorización de trabajo y residencia de un año o más, así como sus familiares residentes.
Además, sus contrataciones no estarían limitadas por cupo, como establece la ley de extranjería para los trabajadores no comunitarios, y se consideraría a Rumanía y Bulgaria como destinos preferentes en los procedimientos de contratación en origen.
UGT recordó que esta medida es similar a las empleadas en anteriores ampliaciones de la Unión Europea y es una salvaguarda que permite el Tratado de Adhesión de la propia Unión.
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