Ni el correo electrónico ni la generalización del teléfono ha conseguido rebajar el trabajo diario de los carteros, pero ahora la decisión del Gobierno de permitir que las empresas privadas puedan utilizar la red postal pública para gestionar los envíos de sus clientes puede poner en riesgo su futuro, fundamentalmente en las zonas rurales. A pesar de que desde Correos se insiste en que no existe ningún riesgo y que la utilización de las infraestructuras por parte de operadoras privadas puede incluso incrementar el trabajo, los sindicatos ya han alzado la voz de alarma y han exigido que la nueva ley salga adelante con un mayor consenso por parte de todos los agentes implicados.
El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un real decreto que permitirá el uso de las infraestructuras y medios de Correos a cualquier operador postal de la Unión Europea, público o privado, para gestionar los envíos de sus clientes. «Con esta medida, los operadores privados centrarán su actividad exclusivamente en el segmento rentable del mercado, el correo urbano, manteniendo Correos la obligación de prestar servicio, tanto de sus propios clientes como de los que aporten sus competidores, en el ámbito rural, claramente deficitario», indica Juan Ramón Polanco, secretario provincial de CC. OO. de Correos y Telecomunicaciones.
En la provincia de Palencia, 65 carteros rurales se encargan del reparto en los 190 municipios existentes, de los que la inmensa mayoría tienen menos de 5.000 habitantes y están caracterizados por una fuerte dispersión geográfica. Si el proyecto del Gobierno sale adelante como está planteado actualmente, los sindicatos temen que estos 65 trabajadores puedan ver comprometida la prestación del servicio postal público. «Poner las infraestructuras de Correos a disposición de cualquier operador postal de la Unión Europea sin abordar en paralelo el sistema de financiación del servicio público supone un grave riesgo para el servicio postal de las zonas en las que éste resulta deficitario, como es el caso de las zonas rurales, de las que no se van a ocupar las empresas privadas», agrega Polanco, quien no descarta movilizaciones si no se alcanza un acuerdo.
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