El acreedor no es otro que el Gobierno central, que financió con préstamos lo que debería haber pagado con gasto corriente. El Tribunal de Cuentas ha llamado la atención sobre esta irregularidad contable en varias ocasiones, sin que desde 1999 hasta hoy se haya dado otra solución que prorrogar año a año la deuda. Mientras que para Hacienda es sólo una cuestión contable de suma cero, para la Seguridad Social supone presentar un feo balance patrimonial en un momento dulce como el de ahora.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, explica que la deuda acumulada no plantea problemas en el día a día. "Pero si fuéramos una empresa cotizada tendríamos una mala calificación", explica. La Seguridad Social tiene superávit presupuestario desde hace varios años (ingresa por cotizaciones más de lo que gasta en pensiones), pero en su balance patrimonial figura una deuda de 17.168 millones de euros producida entre los años 1990 y 1999.
Es una deuda que no pide pan, es decir, no genera intereses y tampoco se devuelve, ya que cada año se prorroga 10 años más. Esto es así porque a quien se le debe es al Gobierno central. Para el balance de éste se trata de un derecho pendiente de cobro, mientras que para la Seguridad es una enorme lacra. El Tribunal de Cuentas ha insistido en varias ocasiones en que se regularicen estas cuentas y que se aclaren las complejas relaciones financieras entre el Gobierno central y la Seguridad Social.
La negociación con Hacienda se desarrolla a nivel de interventor general, sin que por el momento se haya llegado a una solución a pesar de que se ha intentado varias veces. Para Hacienda, es sobre todo un asunto contable que no plantea problemas ante Bruselas porque es una deuda que no está oculta: figura en el balance conjunto. Por el contrario, para la Seguridad Social es, además de una necesidad de mejora de su balance patrimonial, una oportunidad para aclarar las relaciones financieras con el Gobierno central.
El origen de esta deuda se remonta a principios de los noventa en que la Seguridad Social financiaba la sanidad y corría en su totalidad con los denominados complementos a mínimos (la cantidad que cubre la diferencia entre lo que se ha cotizado y la pensión mínima). Era también una época de menor crecimiento económico y de baja creación de empleo, y aún no había aparecido el fenómeno de la inmigración.
La Seguridad Social tuvo entonces verdaderos problemas para afrontar sus gastos. Hasta el punto de que en algún mes el dinero no alcanzaba ni para pagar las pensiones, una situación hoy impensable. Se embalsó una voluminosa deuda a base de guardar facturas en los cajones sobre todo con proveedores de hospitales y ambulancias. Otra parte se acumuló con la liquidación del cupo del País Vasco.
El Gobierno central tampoco andaba sobrado de recursos. El cumplimiento de los criterios de Maastricht para ingresar en el euro exigía un déficit del 3% del PIB como máximo. Fue la época en que se inventó la bautizada como ingeniería contable. Todos los países, en mayor o menor medida hicieron trampas para aprobar el examen de la nueva moneda. En el caso español, lo que se hizo, entre otras cosas, fue financiar a la Seguridad Social con préstamos en lugar de con gasto corriente.
En las cuentas públicas esto significa que los 17.168 millones de euros que en aquel momento debería haber figurado como déficit a efectos de Maastricht, pasaron a contabilizarse como una deuda de la Seguridad Social. El requisito de deuda (el 60% del PIB como máximo) era considerado de segundo orden, frente al de inflación, tipos de interés y déficit público. España superó la prueba del euro a finales de 1997.
Limpieza de balance
En el año 1999 se empieza a poner orden en las relaciones financieras entre el Gobierno central y la Seguridad Social respecto de la sanidad, pero queda enquistada la deuda histórica. El Gobierno central asume la financiación de la sanidad con impuestos, mientras que la Seguridad Social puede emplear las cotizaciones para pagar las pensiones y otras prestaciones sociales. Esta operación explica en buena parte, el superávit actual de la Seguridad Social.
También se acordó con UGT y CC OO un calendario para que el Estado aporte a la Seguridad Social financiación para los complementos a mínimos, en una cantidad que asciende a 1.800 millones de euros en 2007. El gasto estimado por la Seguridad Social para este concepto asciende, no obstante, a 4.000 millones de euros anuales. Para cubrir este desfase, la Seguridad Social propone "una solución global", según Granado, que tenga en cuenta las aportaciones por complementos a mínimos "y la limpieza de nuestro balance patrimonial".
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