La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana considerará atentado las agresiones y amenazas contra funcionarios de prisiones. El sindicato Acaip, el pasado 28 de noviembre remitió una carta al fiscal jefe del TSJCV, Ricard Cabedo, para solicitarle que se calificaran de delito y no como falta hechos de este tipo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 550 del vigente Código Penal. Esta medida se une también a la calificación de atentado a funcionario público las agresiones y amenazas dirigidas contra los profesores, según consta en un decreto.
Este artículo, según indicó el sindicato, establece que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave" cuando estén realizando "las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Acaip explicó que esa petición "se basa en que en la mayoría de los casos, la calificación que de los mismos hace el ministerio fiscal es la de falta, cuando perfectamente se puede considerar que existen todos los requisitos previstos en el anteriormente citado artículo 550 del Código Penal".
Por todo ello, los funcionarios de Instituciones Penitenciarias aseguran que se sienten "desprotegidos y abandonados por el Ministerio Público, ya que ven como las agresiones de que son objeto, mientras realizan su trabajo, quedan prácticamente impunes".
El sindicato recibió contestación por parte del fiscal, quien les adjuntó un Decreto de fecha 4 de diciembre de 2006, que señala que el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/79 General Penitenciaria, "considera a los funcionarios penitenciarios, funcionarios públicos".
"Por ello les es aplicable lo previsto en el Decreto de esta Jefatura de 27-11-2006, lo que se comunicará al solicitante con copia de este Decreto, y del referido de 27-11-2006", se señala en la contestación. En este último, el fiscal jefe del TSJCV indicaba que se considerarán atentado a funcionario público ,las agresiones y amenazas que se cometan contra los trabajadores de la administración.
Acaip, que agradeció a Cabedo el "interés demostrado", que espera "que no se produzcan más hechos de este tipo, pero que si llegaran a producirse se cumpla lo dispuesto en este Decreto".
"Ya sólo falta que la administración penitenciaria tome medidas serias para evitar que esas agresiones se produzcan, y, en caso de que tengan lugar, adopte medidas contundentes contra los internos que protagonizan las mismas, tal y como hemos reclamado desde hace años", indicó.
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