Las tan esperadas reformas del mercado laboral y de la Seguridad Social llegaron finalmente este año, y tal fue la intensidad de las negociaciones, que acabaron por agotar a uno de sus principales valedores, Valeriano Gómez, quien decidió dejar su cargo de secretario general de Empleo.
La renuncia de Gómez, a quien sustituye Antonio González, se producía el 29 de noviembre, porque 'estaba muy cansado' y hacía tiempo que había planteado la necesidad de un cambio de actividad, explicaba el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.
Atrás dejaba un amplio rosario de acuerdos con los agentes sociales: reforma laboral, siniestralidad, estatuto del trabajo autónomo, desvinculación del salario mínimo interprofesional de las rentas no laborales, regulación de inmigrantes o mejora de la protección del desempleo agrario.
De estos pactos, el más laborioso fue la reforma del mercado laboral, que se firmó el pasado 9 de mayo, tras catorce meses de globos sonda y negociación.
Una de las medidas estrella es un plan de choque para la conversión de temporales en fijos -comenzó el 1 de julio y finaliza el 31 de diciembre-, por el que se incentiva con 800 euros anuales, durante tres años, la aplicación de esa medida a los contratos eventuales suscritos antes del 1 de junio.
Además, se limita a un período máximo de 30 meses el encadenamiento de contratos, se reducen las cotizaciones de los empresarios, y se mejora la cobertura por desempleo.
Los primeros efectos de la reforma laboral ya son visibles: de julio a noviembre, 512.601 temporales han sido convertidos en indefinidos, según el registro de los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM).
De acuerdo con las previsiones de Caldera, a finales de año, las conversiones habrán beneficiado a 1,2 millones de temporales.
Sin embargo, el paro registrado en noviembre superó, por primera vez en cinco meses, los 2 millones de personas -2.023.164, exactamente-, lo que supuso 30.328 parados más que un mes antes.
La cruz de la moneda, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2006, es que la temporalidad siguió aumentando hasta el 34,59 por ciento.
Mayo también fue el mes en que se cerró la reforma de las pensiones, aunque la foto oficial de la rúbrica se retrasó hasta el 13 de julio siguiente.
Sus líneas de actuación principales son: elevar progresivamente de 4.700 a 5.474 días el período de cotización necesario para tener derecho a una pensión contributiva, retrasar la jubilación parcial a los 61 años, regular la pensión de viudedad, endurecer la incapacidad permanente para que no sea vía de acceso a una pensión, y fomentar la permanencia en el mercado de trabajo más allá de los 65 años.
A mayo también se le recordará porque en ese mes el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acordó con los sindicatos el Estatuto del Empleado Público.
Y porque el presidente del Consejo Económico y Social, Jaime Montalvo, abandonaba por motivos 'personales' y 'profesionales', después de estar siete meses esperando que Caldera le confirmase en el cargo, que finalmente ocupó Marcos Peña.
Respecto al Estatuto del Empleado Público, éste liga el puesto de funcionario al desempeño de la labor -parte del salario se determina por productividad-, establece medidas para reducir la temporalidad, se crea la figura del directivo -será responsable de la gestión-, y se cambian los procesos de selección.
Caldera, con el apoyo de Gómez, también sacó adelante, en noviembre, un Estatuto, el del Trabajo Autónomo: crea la figura del autónomo dependiente, mejora la protección social de los emprendedores, y abre la puerta a la creación de un sistema de cobertura por cese de actividad.
La mejora de la lucha contra la siniestralidad laboral -hasta septiembre, 1.049 trabajadores fallecieron (el 1,04 por ciento menos), de los que 762 murieron en su puesto de trabajo (el 1,04 por ciento menos) y 287 'in itinere (de camino al trabajo o viceversa)'-
también fue discutida con los agentes sociales, con los que se acordó renovar la lista de enfermedades profesionales -era de 1978-.
En este combate, el Gobierno y los interlocutores sociales aplaudieron el nombramiento de Juan Manuel de Oña como fiscal de sala encargado de la Siniestralidad Laboral.
Donde Gobierno y sindicatos chocaron frontalmente fue en la devolución de parte del Patrimonio Histórico incautada a UGT durante la dictadura.
Trabajo aprobó la devolución a finales de noviembre de 149,42 millones de euros y 26 inmuebles a UGT (hay que sumarles los 32,6 millones autorizados en julio), lo que fue calificado por CCOO de 'injerencia' en pleno proceso de elecciones sindicales.
Otra de las claves del año fue la reelección de José María Cuevas al frente de la CEOE, que dirige desde hace 22 años, y que se estrenó con unas polémicas declaraciones sobre la opa de Gas Natural sobre Endesa, que calificó de 'poco pensada' y 'muy a la catalana'.
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