El ministro español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, confirmó hoy que el Gobierno impondrá una moratoria máxima de dos años a la entrada de trabajadores rumanos y búlgaros en España y que se aplicará con flexibilidad teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral.
Caldera, que hizo este anuncio tras reunirse con las autoridades de Rumanía, aclaró que esta moratoria se podría levantar el próximo año si no se producen 'alteraciones' en el mercado de trabajo y si los flujos migratorios siguen como hasta ahora.
Tras insistir en la posibilidad de levantar la moratoria, que se realizará el próximo año tras consultarlo con los agentes sociales y con las autoridades de estos países, subrayó que los trabajadores rumanos que están actualmente ilegales en España serán legalizados si tienen contrato de trabajo.
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales, que calificó de 'excelentes' las relaciones entre ambos países, hizo hincapié en que la moratoria impuesta por el Gobierno español 'no discrimina' a los rumanos y búlgaros que, a partir del 1 de enero, serán ciudadanos comunitarios de 'pleno derecho'.
En este sentido recordó que cuando España entró en la Unión Europea se le impusieron siete años de moratoria y que este país impuso dos a los 10 países que se incorporaron a la UE en 2004, por lo que esta decisión, que se ratificará el próximo viernes en el Consejo de Ministros, 'es más flexible y no discrimina a Rumanía', añadió.
'Los ciudadanos rumanos y búlgaros serán legales en España desde el 1 enero, se les aplicará el régimen comunitario y, por tanto, la única condición que existirá durante un año será la libre circulación de trabajo', añadió.
Por su parte, el ministro rumano de Trabajo y Solidaridad Social y Familia, Gheorghe Barbu, agradeció el apoyo del Gobierno español por entender que 'no discrimina' a Rumanía, al tiempo que resaltó la 'buena colaboración' que existe entre ambos ministerios.
Preguntado por si el Gobierno prevé que se produzca una llegada importante de ciudadanos de estos países tras su ingreso en la UE, dijo que las 'experiencias anteriores ponen de manifiesto que la regulación de flujos es la correcta y que, en otras ocasiones similares, no se produjeron avalanchas'.
'Lo que sí habrá será legalidad para todos y reconocimientos de plenos derechos', sentenció Caldera.
Asimismo, el ministro anunció que ambos gobiernos se han comprometido a intensificar la inspección de trabajo, la igualdad de oportunidades y la colaboración para aprovechar las ventajas del Fondo Social Europeo.
Los ministros de Asuntos Sociales y los titulares de Interior de España y Rumanía brindaron antes de iniciar la rueda de prensa por los acuerdos adoptados, así como por la inminente entrada de este país en la UE, que será efectiva el próximo 1 de enero.
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