Los juzgados vascos tardarán año y medio en recuperar la normalidad por la huelga

Los juzgados vascos, especialmente algunos de Bilbao y Barakaldo, tardarán año y medio en volver a la normalidad a causa de la huelga que comenzó el pasado 24 de octubre. Así lo reconocen jueces y abogados, que advierten de que el impacto de los retrasos y de las suspensiones de juicios será todavía mayor si los sindicatos y el Departamento de Justicia no zanjan sus diferencias antes de enero. 'Nadie imaginaba que esta huelga iba a durar tanto', confiesa el juez decano de la capital vizcaína, Alfonso González Guija.

El magistrado, que forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior del País Vasco, llama la atención sobre el deterioro progresivo de las relaciones entre los empleados judiciales, los magistrados y los letrados. La suya es sólo una pincelada en un cuadro general pesimista: los paros intermitentes -convocados todos los martes, miércoles y jueves- han dado al traste con las notables mejoras que la Administración judicial vasca había alcanzado desde 1996, cuando el personal de los juzgados fue transferido parcialmente al Gobierno autónomo.

A partir de entonces, los sucesivos consejeros de Justicia del PSE y de EA habían convertido el País Vasco en la segunda comunidad donde, en términos globales, los pleitos se resolvían con más agilidad. Según el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados vascos de Primera Instancia y de Familia eran los más eficientes de España a finales de 2005 y tardaban una media de 4,8 meses en zanjar procedimientos civiles.

Sin embargo, el País Vasco desciende peldaños a marchas forzadas desde octubre pasado, cuando los sindicatos CC OO, CSIF, ELA, LAB y UGT se declararon en huelga por una reivindicación laboral insatisfecha precisamente, desde la transferencia de 1996: conseguir que los 2.100 empleados judiciales de la comunidad ganen el mismo sueldo que los funcionarios de la Administración de Vitoria. Cumplida la octava semana de protestas, las posiciones de los trabajadores y del Departamento de Justicia están más alejadas que nun- ca y nadie cree que las relaciones puedan recomponerse sin alguna fórmula de intermediación. No obstante, Azkarraga expresó ayer su confianza en que los paros concluyan este mes y en que la Justicia pueda ponerse al día 'en menos tiempo de lo que se está manifestando'.

Los afectados no son tan optimistas. 'En el calor del conflicto no somos conscientes de la enorme 'mochila' de asuntos pendientes que crece de un día para otro', alerta Domingo Arizmendi, decano del Colegio de Abogados de San Sebastián. 'Y la agenda de los jueces ya era muy apretada antes de octubre'. Los juzgados de lo Contencioso y los de Primera Instancia figuran entre los más acuciados. Los primeros ya estaban colapsados antes del verano, así que la huelga sólo ha multiplicado sus problemas. A mediados de noviembre pasado, cuando comenzaba la cuarta semana de paro, señalaban juicios para finales de 2007.

Sin embargo, la prolongación del conflicto ha sido realmente fatídica en los órganos de Primera Instancia, que estaban casi al día en octubre y han visto arruinadas sus estadísticas para mucho tiempo. De todos modos, la situación de Vitoria y San Sebastián todavía no es tan grave como la de Bilbao y Barakaldo, donde algunos jueces civiles simplemente han 'cerrado' la sala de vistas. Los sindicatos aseguran que los paros están obligando a suspender tres de cada cuatro juicios en todas las jurisdicciones (civil, contenciosa, penal y social). Buena parte de las vistas contempladas en los servicios mínimos tampoco llegan a celebrarse porque el servicio de notificación está paralizado y las partes no saben qué día les han citado. Las cifras sindicales no les parecen descabelladas a los magistrados, aunque puntualizan que la situación varía mucho en cada territorio histórico, en cada partido judicial y de un juzgado a otro.

'En realidad, el problema no radica sólo en la suspensión de juicios', puntualiza el decano del Colegio de Álava, Javier Martínez de San Vicente. 'Los procedimientos se estancan, sufren demoras innecesarias. Costará volver a la normalidad', augura el letrado. De momento, las parejas de novios que acuden al Registro Civil de Bilbao para buscar una fecha de boda se encuentran con que no se la pueden dar. En una manifestación convocada por los huelguistas en la capital vizcaína, dos inmigrantes de origen oriental les expresaron su preocupación por lo que pasará con sus pleitos de Extranjería. Ningún organismo ha divulgado datos exhaustivos sobre el estado de la Administración judicial vasca, incluida la Fiscalía, que también acusa los paros. El Departamento de Justicia señala que ésa no es su competencia, sino de los jueces. Pero éstos no encuentran personal suficiente para recopilarlos, pues los funcionarios se dedican a los servicios mínimos. Además, el ambiente está bastante enrarecido en loz juzgados porque los magistrados pueden notar la huelga en sus nóminas si no dictan sentencias.

A falta de informaciones oficiales, las centrales aseguran que la tramitación de los asuntos dura el doble que antes, y a veces más, lo que significa que los procedimientos civiles pueden demorarse hasta un año. Nadie ha desmentido esa estimación. De hecho, los palacios de justicia se han convertido en escenario de una sorda frustración ciudadana. 'Pensemos en una empresa o en un particular que han acudido al juzgado para reclamar una cantidad de dinero a un tercero. El proceso civil se detiene, pero él necesita ese dinero para realizar otros pagos', explica Nazario Oleaga, decano del Colegio vizcaíno. En ocasiones, los damnificados no son ciudadanos anónimos, sino personajes públicos que, a diferencia de los anteriores, no tienen remilgos para protestar. Eso ocurrió con los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, que el mes pasado denunciaron que no les había llegado una notificación del Tribunal Superior políticamente relevante: la admisión a trámite de la querella contra ellos por haberse reunido con Batasuna.

No menos irritación, pero con menor eco informativo, se aprecia estos días en los juzgados de lo Social, que en Euskadi se caracterizaban por su agilidad -dentro de los parámetros de la Justicia-. Algunos abogados se quejan de que las declaraciones de incapacidad laboral no figuran en los servicios mínimos, de manera que el trabajador debe esperar más tiempo a que el juez decida sobre su caso. El juez decano de Bilbao se lamenta de que la huelga de los juzgados no haya despertado la misma inquietud social que un paro del transporte público. 'En una huelga anterior, más corta, recibimos quince quejas en Bilbao, pero, esta vez, ya vamos por el segundo mes y no ha llegado ninguna', admite González Guija. ¿Es ésa la auténtica opinión de los ciudadanos sobre la Justicia?