El caso se inició en enero de este año, cuando el Ayuntamiento notificó a la empresa Marve Residencia que con fecha del 19 de abril daría por finalizado el contrato de la gestión del geriátrico tras finalizar el plazo de concesión de diez años.
Tras la comunicación municipal, se aprobó el pliego de condiciones para adjudicar mediante concurso la nueva explotación del centro, pero el pleno de Barruelo lo dejó desierto y se hizo cargo directamente de la residencia desde el 20 de abril. Ese mismo día se informó a las trabajadoras que ya no pertenecían a ese centro. Las afectadas denunciaron su despido.
El Juzgado de lo Social y el TSJ consideran que una vez que el Ayuntamiento se hizo cargo de la gestión del geriátrico concurrían los requisitos para que se produzca una sucesión de empresas, como está previsto en el Estatuto de los Trabajadores.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.