El proyecto de ley de igualdad obligará a las empresas con más de 250 trabajadores a negociar, a través del convenio colectivo, un plan de igualdad que equipare la mujer al hombre en asuntos como el acceso al empleo, promoción y formación, retribuciones, conciliación de la vida laboral, personal y familiar y en la prevención del acoso sexual. Si no se aplican esos planes, una vez cerrados con los representantes sindicales, se considerará una sanción grave y las compañías tendrán que pagar una multa que podrá oscilar entre 300,51 y 3.005,06 euros.
Una vez que la ley entre en vigor, las empresas contarán con cuatro años para implantar los planes de igualdad, fecha en la que el Gobierno se encargará de evaluar, junto a sindicatos y asociaciones empresariales más representativas, el estado de la negociación colectiva en este asunto.
De los planes de igualdad estarán exentas las micro, pequeñas y medianas empresas. Para estas entidades tendrán carácter voluntario, pero el Gobierno podrá establecer medidas que los impulsen, incluido el apoyo técnico necesario.
Esta es una de las iniciativas más trascendentales del proyecto de ley de igualdad, que ayer salvó su primer trámite parlamentario con algunas mejoras sustanciales al texto inicialmente propuesto por el Gobierno.
La norma salió adelante en el Pleno del Congreso de los Diputados con el respaldo de todos los grupos parlamentarios -excepto del PP, que se abstuvo-, tras un debate con un hemiciclo casi vacío y donde el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que defendió el proyecto, sólo contó con la presencia de un único miembro del Gobierno: la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
El siguiente paso será la tramitación de la ley en el Senado, donde algunos grupos intentarán «colar» varias enmiendas más. El objetivo del Gobierno es que el texto esté definitivamente aprobado a primeros de marzo. Por tanto, las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo se convertirán en los primeros comicios paritarios de nuestro historia, ya que la ley obligará a los partidos políticos a presentar listas electorales equilibradas entre hombres y mujeres. Éstas deberán reunir, al menos, un 40% de candidatos de cada género, y en ningún caso superar el 60% de un sólo sexo. Así se configurarán las listas en todo tipo de comicios, excepto en las localidades con menos de 3.000 habitantes.
Consejos de administración
La ley también dice que las compañías «obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada procurarán» incluir en su consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar la paridad a lo largo de los ochos años siguientes a la entrada en vigor de esta norma.
Pero entre las medidas más importantes destaca la creación del permiso de paternidad con una duración de 13 días, que se suman a los dos ya existente por el nacimiento de un hijo, y será independiente del de la madre. Este permiso se ampliará a cuatro semanas a lo largo de los próximos ocho años.
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