La factoría de Autotex , perteneciente a la multinacional Milliken, que se instaló en Asturias en 2001 para construir airbags, anunció el cierre el pasado mes de noviembre. Barroso explicó que la empresa ya «amenazó» con recurrir a la ley concursal. Recordó que los trabajadores llevan sin cobrar desde noviembre, pese a que sus contratos están vigentes hasta el 1 de marzo, y dijo que en virtud de esa norma, el único aval para cobrar sería el activo de la empresa, en el que están incluidas las mencionadas máquinas.
Barroso afirmó que, de los 207 trabajadores de plantilla, el 80% son mujeres y que se encuentran en una situación «insostenible», dado que la empresa no les ha despedido, a pesar de cesar la actividad, por lo que «ni estamos en el paro ni estamos trabajando». En este contexto, apuntó también que
la compañía mantiene esta situación «obtener una nueva subvención del Gobierno regional» puesto que la actividad de la empresa acabó el 11 de setiembre.
«Piratas»
Por su parte, Sánchez Ramos, de IU, calificó de «piratas» a los responsables de la empresa Autotex, a los que acusó de haber recibido ayudas económicas de los fondos mineros y del Principado, en especial las relativa a las ayudas de contratación a la mujer.
En rueda de prensa, mostró un cartel de la empresa Autotex y Milliken, de cuando se instalaron en la región, en el que venían reflejados valores como «trabajo en equipo», «honestidad», «tolerancia» y «dedicación». Quiso escenificar las actuales circunstancias y lanzó el cartel al suelo en la sala diciendo que esos valores están ahora «por los suelos».
Sánchez Ramos atribuyó el comportamiento de la empresa a la globalización y dijo que la corporación puede tener en mente el país de México para instalarse, «donde las mujeres cobran 200 dólares y las que se quejan aparecen muertas». Por su parte, Miranda definió la postura de la empresa con el título de una película de Woody Allen: 'Toma el dinero y corre'.Ante su delicada situación, los trabajadores volvieron a solicitar el «compromiso» del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y del consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre.
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