Un total de 10.851 profesores interinos del ámbito valenciano, además de 1.373 del Personal de Administración y Servicios (PAS) y 532 laborales, verán reconocida su antigüedad y comenzarán a cobrar los trienios trabajados a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto Básico del Empleado Público, un acuerdo alcanzado a nivel estatal que fija las condiciones laborales del personal de la Administración y que supone para los docentes "un paso histórico que se esperaba desde hace décadas", puesto que implica la introducción de "mejoras fundamentales", según coincidieron hoy en señalar representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF.
Las principales repercusiones que la nueva norma -que ya ha obtenido luz verde en el Congreso de los Diputados y en estos momentos se encuentra en el Senado- fueron presentadas hoy por el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE UGT), Guillermo Martí, la presidenta de CSIF, Paula Breñas, y el secretario de Acción Sindical de la Federació d´Ensenyament de CCOO PV, Miguel Angel Vera. Los tres subrayaron la "importancia histórica" del acuerdo, ya que dota de un "convenio colectivo" al sector docente, que no disponía de un marco legislativo de estas características desde el año 1984.
Entre las consecuencias beneficiosas que tendrá este acuerdo, cuya publicación en el BOE se prevé "inmediata", hacia el mes de abril, los portavoces sindicales destacaron el logro de la "petición histórica" de que se reconozca la antigüedad de los interinos. Este derecho se ha recogido en el artículo 25.2 del Estatuto que dice que "se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo".
Para cumplir este mandato, la Administración autonómica, que será la encargada de desarrollar en el ámbito valenciano el nuevo texto, "debería de reservar un montante económico importante" para afrontar estos pagos, algo que "no ha hecho en los Presupuestos de 2007", apuntó Guillermo Martí. En esta línea, agregó que la misión de la Generalitat es aplicar la norma y, "si es posible, mejorarla".
Por su parte, Miguel Angel Vera consideró que esta medida –que en toda España afectará a unos 100.000 profesores– supone un "castigo y una penalización a la Administración porque no ha hecho las ofertas de empleo público pertinentes" para acabar con la "bolsa" de interinidad. Recordó además que esta mejor se ha introducido después de una "negociación complicada, ya que no todos los sindicatos estaban de acuerdo". "Daba la impresión de que tenían miedo a que se llegue a un acuerdo básico común", comentó.
Vera aseguró que el siguiente paso ahora es "ir a por el Estatuto Básico Docente", que en la actualidad está en negociación en la Mesa estatal y sobre el que "no hay acuerdo entre Ministerio y sindicatos", reconoció. También en este tema reclamó la "unidad" de los representantes de los trabajadores para acabar con la "disparidad de derechos, de deberes y de normas actual que casi hacen imposible su aplicación", criticó.
Paula Breñas manifestó que la importancia del acuerdo sobre la antigüedad de los interinos "no reside sólo en el aspecto económico sino que además significa un marco de referencia" para el funcionariado español.
PLAN DE PENSIONES
Para los representantes de UGT, CSIF y CCOO, otro ejemplo de los beneficios de la unidad sindical es la constitución de la Comisión Promotora del Plan de Pensiones para los empleados públicos de la Administración del Consell y sus organismos autónomos, para el personal docente y sanitario, acordado hace cuatro años en el ámbito nacional pero que se pactó en noviembre del 2005 y que "por primera vez" se ha hecho realidad, destacó Vera.
El representante de CCOO explicó que la iniciativa consiste en destinar el 0,3% de la masa salarial de todos los funcionarios al fondo de pensiones. Así, "por primera vez todos los funcionarios de la administración de la Generalitat -y los de local que se pueden sumar- tendrán un fondo de pensiones", insistió. Esta acción engloba en la a unos 50.000 trabajadores de la enseñanza, otros 50.000 en sanidad, 20.000 más en administración pública y los locales, enumeró.
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