Los sindicatos CC.OO., UGT y CSI-CSIF anunciaron ayer que plantearán movilizaciones y medidas legales contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) por acudir a ETT's para realizar las encuestas y estudios estadísticos que tradicionalmente han venido realizando los empleados públicos.
Según aseguraron en un comunicado conjunto, los sindicatos mayoritarios pretenden con estas medidas garantizar el cumplimiento del convenio único y la proposición no de ley aprobada en marzo de 1998 por la que se prohíbe la utilización de ETT's en la Administración Pública.
Las tres fuerzas sindicales aseguraron que la utilización de trabajadores procedentes de empresas de trabajo temporal (ETT's) para la realización de estas tareas no garantiza "el servicio público, la objetividad" de los estudios, ni tampoco "el secreto estadístico y la custodia de los datos personales de los españoles", y supone además una "apuesta por la precarización de las contrataciones".
Asimismo, señalaron que no encargar estas tareas a empleados públicos podría ocasionar que tanto los datos estadísticos como los personales de los encuestados cayeran en manos de agentes privados que "pudieran tener objetivos no coincidentes con el fin de los estudios".
Además, CC.OO., UGT y CSI-CSIF calificaron está práctica del INE como un "nuevo ataque contra la relaciones laborales", así como "una apuesta por la mano de obra barata", más aún, "cuando acaba de culminarse la mayor operación de transformación del empleo temporal en fijo en el organismo y en la Administración".
Por último, los sindicatos subrayaron que la medida supone un "despilfarro" de dinero público que asciende a más de 4,3 millones de euros.
Desde el INE se sostiene que se ha optado por la contratación de ETT's –aunque por el momento no se ha llevado a efecto esta práctica– al amparo del artículo 196 de la ley de Contratos del Estado, por el que se establece que la Administración podrá celebrar contratos de servicios con ETT's en el supuesto de que se destinen a la realización de "encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos" y "sólo cuando se precise la puesta a disposición de la Administración de personal con carácter eventual".
Además, según se señala desde el Instituto, esta práctica cuenta con un informe favorable de los servicios jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda.
No obstante, el INE asegura que viene apostando desde el pasado año por la "estabilización del empleo", en contra de la opinión de los sindicatos, que consideraron estas contrataciones como una "apuesta por la mano de obra barata".
Así, explica que el pasado año se transformaron 1.278 empleos temporales en fijos, de una plantilla de más de 4.500 trabajadores, mientras que para 2007 se prevé el paso de temporal a fijo de otros 142 empleados, lo que permitirá acabar el año, según afirman, "prácticamente" sin contratos temporales.
No obstante, según indicaron las mismas fuentes, pese a esta apuesta, el INE sigue teniendo necesidades de personal para la elaboración de dos encuestas –Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares y la Encuesta sobre las condiciones de vida de los españoles–, que, por sus características, requieren de una "recogida de datos de corta duración".
Para la elaboración de dichas de encuestas, el INE dispuso de otras dos opciones, a parte de la contratación de ETT's, que fueron finalmente desestimadas. En primer lugar, la contratación de trabajadores fijos discontinuos, para lo que era necesaria la autorización de la Administración, y, en segundo lugar, externalizar estas tareas, lo que, según indicaron, habría sido "poco eficiente" y un "despilfarro", dado que el INE ya cuenta con los recursos materiales necesarios.
La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide, tiene previsto reunirse con los sindicatos la próxima semana.
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