Cuando se trata de inmigración ilegal, el alcalde Lou Bartletta ha encabezado la lucha para detenerla en diversas comunidades del país, y éstas lo han respaldado incluso hasta en los tribunales.
Desde mediados del año pasado, cuando Barletta comenzó su campaña para librar de inmigrantes ilegales a esta pequeña comunidad al noreste de Pensilvania, más de 100 municipios en 27 estados han analizado posibles leyes que van desde penalizar a compañías que emplean a inmigrantes indocumentados hasta hacer que el inglés sea el idioma oficial del gobierno local.
Pero los opositores de dichas medidas y operativos han contraatacado, interponiendo media docena de recursos legales en lugares como Hazleton, Valley Park, Misurí, y Farmers Branch, Texas. Y, hasta ahora, pueden presumir una marca perfecta: ninguna de las leyes se está aplicando.
En algunos casos, jueces estatales y federales han bloqueado las leyes. En otros, los mismos ayuntamientos se han retractado, al no estar dispuestos o preparados para librar costosas batallas legales.
Después de que un juez federal prohibiera a Escondido, California, multar a caseros que rentan a inmigrantes ilegales, el concejo del ayuntamiento descartó la medida y acordó pagar 90.000 dólares a los abogados opositores.
En el caso de Valley Park, el juez de la Corte de Circuito de San Luis emitió una orden restrictiva y dijo que había "grandes lagunas" en la ordenanza de la ciudad, la cual estaría enfocada a negocios y a los caseros.
"Creo que los jueces se muestran reacios a permitir que una ordenanza tenga impacto si hay posibilidad real de que vaya a ser declarada inválida", expresó Linda Martínez, abogada que lucha contra la ley de Valley Park.
De acuerdo con un análisis efectuado por el Centro para el Cambio Comunitario, un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes con sede en Washington, 35 ayuntamientos locales han aprobado leyes contra la inmigración ilegal, 35 de estas comunidades las han declarado nulas y hay otras 35 ordenanzas pendientes.
En Hazleton, donde inmigrantes hispanos han engrosado la población en más del 30%, Barletta está ocupado defendiendo su Ley de Alivio contra la Inmigración Ilegal de una impugnación legal interpuesta por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) y grupos activistas hispanos.
Dicha ley, que ha sido revisada cuatro veces por el concejo municipal en un intento de proporcionarle bases legales más firmes, impondría multas a los propietarios que renten viviendas a inmigrantes indocumentados y negaría permisos de operación a compañías que los contraten. Una ordenanza adjunta requeriría que los inquilinos se registren en el ayuntamiento local y paguen un permiso para poder rentar.
La ACLU argumenta que las medidas pisotean el poder exclusivo del gobierno federal para regular la inmigración. El juez federal de distrito James Munley emitió una orden restrictiva temporal contra la ciudad el 31 de octubre, diciendo que había una "probabilidad razonable" de que las leyes fueran declaradas inconstitucionales.
Munley le propinó al ayuntamiento local otro revés el mes pasado, cuando se rehusó a ordenarle a la ACLU que revelase los nombres de algunos de los demandantes, quienes habían solicitado permanecer en el anonimato porque son inmigrantes ilegales.
"Los reveses que hemos sufrido en los tribunales federales han sido muy desafortunados", expresó Barletta. "Todo lo que quiero es un campo justo para contender. Se vuelve muy difícil demostrar tus argumentos cuando desconoces quién te está demandando".
Kris Kobach, profesor de derecho en la Universidad de Misurí que defiende las ordenanzas en Hazleton y Valley Park, dijo que la mayoría de los ayuntamientos que enfrentan impugnaciones en cortes judiciales acordaron voluntariamente retrasar la aplicación de las medidas hasta que se resuelvan los asuntos legales.
Kobach, asesor de inmigración mientras John Ashcroft se desempeñaba como secretario de Justicia, dijo que sus clientes tienen a su favor las leyes federales y la Corte Suprema como precedente.
"La mayoría de estas órdenes restrictivas temporales no representan una consideración judicial de los asuntos en ningún sentido relevante", expresó Kobach. "Son sólo acuerdos a los que llegan abogados para mantener el status quo".
Sin embargo, los jueces han expresado reservas. En el caso de Escondido, por ejemplo, el juez federal de distrito John Houston escribió que tenía serias dudas sobre la constitucionalidad de la ley.
La primera prueba real de si los operativos locales sobrevivirán el escrutinio judicial ocurrirá en marzo, cuando Hazleton y Valley Park defiendan sus ordenanzas en un juicio.
Barletta cree que el asunto en última instancia será decidido por la Corte Suprema de la nación. Aconseja a los ayuntamientos que deseen abordar el problema de la inmigración ilegal que sigan de cerca el enfoque de Hazleton.
"Básicamente obtendrán asesoría legal gratuita y creemos que nuestras ordenanzas aprobarán cualquier escrutinio judicial", expresó.
Pero Omar Jadwat, abogado de la ACLU que combate las ordenanzas, dijo que cree que la maniobra legal ha hecho que muchos ayuntamientos locales reflexionen muy bien antes de ir en busca de inmigrantes ilegales.
"Están aguantando hasta que haya más claridad de parte de los tribunales", afirmó.
Aunque aún falta que las leyes sean aplicadas en cualquiera de los lugares donde han sido impugnadas, muchos hispanos _ilegales o con otro estatus migratorio_ ya se han marchado. Las zonas de negocios hispanos en Hazleton, Farmers Branch y Riverside, Nueva Jersey, todas reportan agudos descensos.
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